En esta modalidad de análisis, los ministros del juzgado superior depositan los votos de forma electrónica y no hay deliberación presencial.
Todos los cargos fueron presentados por la Procuraduría General de la Unión y, en total, el órgano ofreció mil 390 denuncias al Supremo Tribunal Federal (STF).
La prioridad de juicio está siendo dada a los imputados que siguen presos.
Hasta el momento, 86 mujeres y 208 hombres permanecen detenidos en el sistema penitenciario del Distrito Federal por implicación con los actos antidemocráticos.
Los denunciados son acusados de diversas violaciones, como asociación criminal, intento de abolición del Estado Democrático de Derecho, intento de golpe de Estado, incitación a la animosidad de las Fuerzas Armadas contra los poderes constitucionales, depredación de patrimonio público caído e incitación al crimen.
Hasta el momento, la Fiscalía General presentó acusaciones teniendo en cuenta tres grupos de delincuentes: los que invadieron y depredaron edificios públicos, quienes acamparon frente al Cuartel General del Ejército para incitar a las Fuerzas Armadas y las autoridades que supuestamente se ocultaron ante los acontecimientos.
Con pedidos de intervención militar y rechazo a la asunción al poder del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, grupos de partidarios radicales del exmandatario Jair Bolsonaro protagonizaron eventos antidemocráticos el 8 de enero en Brasilia.
En esa fecha, marcada en negro en la historia nacional, los extremistas de derecha irrumpieron violentamente y saquearon las sedes del Congreso Nacional, el STF y el Palacio del Planalto, sede del Poder Ejecutivo.
Bolsonaro será escuchado el 26 de abril por la Policía Federal (PF) dentro del marco de las investigaciones sobre la tentativa golpista.
El juez Alexandre de Moraes, del STF, que atendió una solicitud de la Fiscalía General, dio un plazo de 10 días para que la PF preste oídos al exgobernante.
Los investigadores creen que una publicación realizada por el político ultraderechista el 11 de enero lo vincularía a los actos golpistas, pues el mensaje compartido por él ponía en duda, sin pruebas, el sistema electoral.
Ese movimiento fue evaluado como señal de que el excapitán del Ejército pudo incentivar las acciones violentas y de vandalismo en los predios de los tres poderes.
rgh/ocs
