En los últimos tiempos los homicidios crecieron de forma progresiva aquí de 2,2 a 5 por cada 100 mil habitantes, dato que causa alarma, aunque todavía está bastante por debajo del resto de la región.
El tema de la violencia volvió a los primeros planos a raíz de los ataques que provocaron la muerte de tres carabineros, lo cual llevó al Congreso a retomar sus funciones y aprobar en tiempo récord varias iniciativas.
Dentro de ellas figuran modificaciones al Código Penal para incrementar las condenas por secuestros y porte de armas en lugares muy concurridos, crear la figura penal de extorsión, promulgar sanciones para quienes cometan sicariato y el reforzamiento de las medidas antiinmigrantes.
Además, el Gobierno decidió transferir mil 500 millones de dólares para el rubro de seguridad y el equipamiento de la Policía, y anunció la implementación del plan “Calles sin violencia” en 45 comunas afectadas por el narcotráfico, la presencia de armas, el deterioro barrial y la impunidad penal.
Adicionalmente, el Parlamento debatirá 31 iniciativas, algunas en lo inmediato y otras a lo largo del año, destinadas a mejorar la persecución penal, fortalecer las instituciones y aumentar la prevención del delito.
Si bien la mayoría de las medidas son aceptadas por la sociedad, hay otras que generan polémica como la ley Naín-Retamal —impulsada por la derecha y bautizada por la población como de “gatillo fácil”—, que endurece los castigos por atacar a los agentes policiales y amplía la potestad de estos para usar sus armas de fuego.
Defensores de los derechos humanos, estudiantes, juristas, políticos y víctimas de la brutalidad policial cuestionaron la normativa en un país donde todavía están frescos en la memoria los ataques de los Carabineros durante el estallido social de 2019, que dejaron unos 30 muertos, miles de heridos y más de 460 personas con daños oculares.
(Tomado de Orbe)
