Hasta el miércoles, el GSE estaba comandado por el general Marco Edson Gonçalves, quien renunció al cargo tras salir en los audiovisuales en el interior del Palacio del Planalto, sede del Poder Ejecutivo, durante el ataque perpetrado en esa fecha por adeptos del exmandatario Jair Bolsonaro.
Durante su declaración ante la PF el viernes, Gonçalves afirmó que apareció en los videos porque realizaba gestión de crisis.
También, argumentó, que «no tenía condiciones materiales de, solo, efectuar la detención de las tres personas o más que encontró en el tercero y cuarto pisos, y uno de los invasores se encontraba altamente exaltado».
Las audiencias de este domingo fueron determinadas por el ministro Alexandre de Moraes, relator en el Supremo Tribunal Federal (STF) de la investigación sobre la posible omisión de autoridades en las acciones antidemocráticas.
El ministro interino del GSI, Ricardo Cappelli, fue quien entregó al Supremo la lista con los nombres de los uniformados después de la orden de De Moraes para que todos fueran identificados y escuchados.
Figuró entre ellos el mayor del Ejército José Eduardo Natale de Paula Pereira, visto en las imágenes dando agua a los golpistas.
De Paula Pereira se desempeñó como coordinador de seguridad de las instalaciones de los palacios presidenciales.
Tales testimonios no significan la culpa de los agentes. La participación u omisión aún será investigada.
En la semana comenzó el juicio en la Corte Suprema sobre denuncias contra personas acusadas de participar en los actos golpistas.
Los ministros del juzgado superior depositan los votos de forma electrónica y no hay deliberación presencial.
Todos los cargos fueron presentados por la Procuraduría General de la Unión y, en total, el órgano ofreció mil 390 denuncias al STF.
La prioridad de juicio está siendo dada a los imputados que siguen presos.
Hasta el momento, 86 mujeres y 208 hombres permanecen detenidos en el sistema penitenciario del Distrito Federal por implicación con los actos antidemocráticos.
Los denunciados son acusados de diversas violaciones, como asociación criminal, intento de abolición del Estado Democrático de Derecho, intento de golpe de Estado, incitación a la animosidad de las Fuerzas Armadas contra los poderes constitucionales, depredación de patrimonio público caído e incitación al crimen.
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