Según la PF, las pesquisas comenzaron después que el Ejército detuviera a mineros que realizaban actividades ilegales en demarcaciones originarias en 2020 y confesaron a quien vendían el metal precioso.
«La investigación policial señala que el grupo habría movido más de 30 millones (de reales, unos seis millones de oro) en cuatro años y, a través de empresas de fachada o con actividades regulares sin relación con la minería, recibirían valores de diversos estados del país», informó la fuerza del orden.
De acuerdo con las indagaciones, para no levantar sospechas, los involucrados sacaban grandes cantidades de oro de forma fraccionada.
Los mandatos de la llamada operación Puente de Oro fueron expedidos por la IV Corte Federal Criminal de la Justicia Federal en Roraima.
Datos oficiales indican que los pueblos nativos ocupan el 13,7 por ciento del suelo brasileño, con 610 tierras aborígenes, de las cuales 487 son consideradas reservas.
Tal auge de la minería ilegal de oro en Yanomami, mayor reserva indígena del gigante suramericano, provoca enfermedades, violencia y graves violaciones de los derechos humanos del pueblo yanomami, de acuerdo con denuncias.
Elaborado por la Asociación Yanomami Hutukara, un informe divulgado en abril del pasado año, constató un aumento del 46 por ciento en la explotación minera ilegal en 2021 en los ríos de la reserva, en la cual viven unos 29 mil yanomami en el norte de Brasil, lo cual supone una amenaza para comunidades aisladas con casi ningún contacto con el exterior.
Preparado con el apoyo del Instituto Socioambiental, grupo de defensa de los derechos ambientales e indígenas, el documento denuncia que los mineros invasores son ahora más audaces, están mejor equipados y a menudo tienen armas automáticas.
El contenido refiere que se utilizan pistas de aterrizaje clandestinas para llevar suministros y los campamentos mineros suelen tener Internet de banda ancha, bares, burdeles y tiendas.
Atribuye el apoyo a los reductos a la élite empresarial local como a bandas criminales organizadas que desempeñan un papel importante en el contrabando de oro.
Durante la gestión del derrotado presidente Jair Bolsonaro (2019-2022) se abogó por más minería en tierras indígenas, pese a que están protegidas por leyes medioambientales.
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