El testimonio de Bolsonaro en el caso fue determinado la pasada semana por el ministro Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal (STF).
Al tomar la decisión, De Moraes atendió a una solicitud de la Procuraduría General de la República (PGR) y dio plazo de 10 días para que la PF escuche al político ultraderechista.
Según los investigadores, una publicación hecha el 11 de enero por el exmilitar lo vincularía con la tentativa golpista.
En la ocasión, el exgobernante compartió un contenido que, sin pruebas, ponía en duda el sistema electoral.
Tal mensaje fue evaluado como una señal de que Bolsonaro pudo estimular las irrupciones violentas y actos vandálicos de sus seguidores a los edificios del Congreso Nacional, el STF y el Palacio del Planalto, sede del Poder Ejecutivo.
La PGR pidió el alegato del exmandatario cuando todavía permanecía en Estados Unidos, donde se quedó durante tres meses después de perder las elecciones de octubre ante el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Con su regreso del exterior el 30 de marzo, De Moraes ordenó fijar la audiencia.
Bolsonaro compareció el 5 de abril a la PF para dar argumento, pero en otra pesquisa, que revela su presunta comisión de delito en el caso de las joyas millonarias que recibió de regalo del Gobierno de Arabia Saudita e ingresaron ilegalmente al país.
En total, el excapitán del Ejército enfrenta cuatro investigaciones en el Supremo con puniciones aptas de cárcel.
De igual manera tiene una decena de procesos administrativos en el Tribunal Superior Electoral por supuesto abuso de poder político y económico durante la pasada justa comicial.
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