El presidente del parlamento, Jorge Rodríguez, manifestó su satisfacción por la sanción de la normativa propuesta por el Partido Socialista Unido (PSUV) y que fuera aceptada también por los parlamentarios de la oposición.
Señaló que la normativa se remite ahora a la Sala de lo Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, a los efectos de los establecido en el artículo 203 de la Constitución de la República, referente a las leyes orgánicas.
El parlamentario felicitó a la Comisión Permanente de Política Interior de la Asamblea por la forma clara y firme y por la manera acelerada y de urgencia con que procedió en el proceso de redacción y consulta, luego de aprobada la primera discusión para que fuera traída al hemiciclo.
También trasmitió sus felicitaciones a todos los diputados de la “verdadera, legítima y soberana Asamblea Nacional”, la que legisla y hace leyes para el pueblo, perseguir corruptos y continuar edificando el sistema legislativo y legal del país.
Rodríguez consideró la Ley como muy importante en la lucha contra la corrupción en la República Bolivariana.
Independientemente de la ideología política, subrayó, todos los diputados trabajaron de manera conjunta para aprobar la Ley con la celeridad que ameritaba.
Anunció que para continuar con este proceso de lucha anticorrupción de “caiga quien caiga y sea quien sea”, será creada una comisión especial del Parlamento que estará integrada por legisladores de las comisiones de Política Interior, Contraloría y Economía.
Este grupo de trabajo, comunicó, estará presidido por el titular de la Comisión de Política Interior, Diosdado Cabello, y se encargará de revisar, con la misma celeridad, todas las leyes relacionadas a la lucha contra la corrupción, a fin de hacerlas “más enérgicas y eficientes”.
A finales de marzo último, el también primer vicepresidente del PSUV y jefe del oficialista Bloque de la Patria, presentó en el Parlamento el proyecto de Ley Orgánica de Extinción de Dominio, el cual quedó aprobado en su primera discusión “con urgencia reglamentaria y por unanimidad”.
La normativa consta de 46 artículos y cuatro capítulos y busca reparar los daños causados al Estado y al pueblo por hechos de corrupción, a través de mecanismos que permitan identificar, localizar y recuperar los bienes mal habidos, apuntó Cabello.
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