Tras casi cuatro horas de discusiones, el Cosepe también determinó que el presidente Guillermo Lasso emita un decreto ejecutivo con medidas coercitivas, urgentes y eficaces que incluyan el empleo de armas letales contra el crimen organizado.
Los recién posesionados Wagner Bravo, nuevo secretario de Seguridad Pública y Paco Moncayo, consejero de Gobierno para esa área, participaron en el encuentro de este jueves en el Palacio de Carondelet, sede del Ejecutivo, junto al mandatario y otras autoridades.
Las reuniones del Cosepe generalmente son reservadas, pero en esta ocasión generó mayor interés porque se esperaba la declaración de las pandillas ligadas al narcotráfico como terroristas, como había adelantado el ministro de Gobierno, Henry Cucalón.
Esa medida es una estrategia del Ejecutivo para que las Fuerzas Armadas participen directamente en el combate a bandas delincuenciales.
Los ecuatorianos estaban a la expectativa de las decisiones resultantes de esa reunión y muchos manifestaron su decepción, porque consideran que esas resoluciones llegaron tarde y son insuficientes.
Tanta bulla, tantas cámaras de televisión y tanto enternado incompetente para más de esta «resolución». Hasta los peloteros de mi barrio, lo hubieran hecho hace 10 meses, comentó el usuario Henry Andrade en Twitter.
La nación andina sufre una ola de violencia sin precedentes que el Gobierno atribuye a organizaciones delictivas asociadas al tráfico de drogas y a la respuesta de esos grupos a las acciones para enfrentarlas.
Tiroteos, atentados con bombas, masacres, reos muertos, motines en las penitenciarías y asesinato de policías han mantenido en jaque la vida de los ecuatorianos estos últimos días.
Las provincias de Esmeraldas y Guayas se han convertido en el epicentro de la criminalidad en esta nación sudamericana, ambas bajo el estado de excepción decretado recientemente por el presidente Lasso.
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