Lara detalló que el nuevo rol de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) en la nación sudamericana será la lucha contra el crimen organizado, el narcotráfico y el terrorismo.
En declaraciones a la prensa este viernes, Lara explicó que en el nuevo escenario, la ley no solo considera terroristas a quienes ejecutan los atentados con explosivos y a sus cómplices, también lo hace con quienes los protegen, lavan el dinero ilícito, les proveen de logística y hasta los promocionan en las redes sociales, especificó.
Este anuncio del titular de Defensa tiene lugar tras la reunión del Consejo de Seguridad Pública y del Estado (Cosepe), la tarde del jueves, en la cual declararon al terrorismo como una amenaza que será enfrentada de manera firme en medio de la creciente ola de violencia en Ecuador.
Tras casi cuatro horas de discusiones, el Cosepe también determinó que el presidente Guillermo Lasso emita un decreto ejecutivo con medidas coercitivas, urgentes y eficaces que incluyan el empleo de armas letales contra el crimen organizado.
La declaratoria, de acuerdo con Lara, permitirá a la FF.AA. iniciar operaciones militares contra las bandas narcodelictivas que operan en el país sudamericano.
Lara agregó que, en su tarea de contrarrestar el terrorismo, los militares tendrán el apoyo de la Policía Nacional.
Los ecuatorianos estaban a la expectativa de las decisiones resultantes de la reunión del Cosepe y muchos manifestaron su decepción, porque consideran que esas resoluciones llegaron tarde y son insuficientes.
El abogado Digo Fuentes señaló a través de su cuenta en Twitter que desde 2009 la Ley de Seguridad Pública y del Estado establece a la seguridad ciudadana (combate a la delincuencia y delito) como política del Estado en Ecuador y desde 2014 el Código Orgánico Integral Penal tipifica el terrorismo.
Que en 2023 el Gobierno recién “descubra” lo que ya dice la ley: que el terrorismo afecta al Estado, solo confirma la falta de entendimiento de cómo combatirlo, cuestionó Fuentes.
Ecuador sufre una ola de violencia sin precedentes que el Gobierno atribuye a organizaciones delictivas asociadas al tráfico de drogas y a la respuesta de esos grupos a las acciones para enfrentarlas.
Las provincias de Esmeraldas y Guayas se han convertido en el epicentro de la criminalidad en esta nación sudamericana, ambas bajo el estado de excepción decretado recientemente por el presidente Lasso.
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