La entidad defensora de los derechos humanos indicó que al menos 20 mil de los cerca de 68 mil apresados por las autoridades no son pandilleros, algo que coincide con informes de otras fuentes, las cuales señalan que en muchas ocasiones la policía y la Fuerza Armada detiene a personas sin pruebas de ser parte de las bandas.
Ingrid Escobar, representante del Socorro Jurídico, aseveró que los arrestados son víctimas de tortura, golpizas y violaciones sexuales en los centros penales, donde algunos entran vivos y salen en ataúdes que son entregados sellados a los familiares, y en ocasiones van a fosas comunes.
Escobar hizo sus afirmaciones en una entrevista con Radio Ysuca en la cual denunció las arbitrariedades que se cometen bajo el régimen de excepción, una normativa que la víspera cumplió 13 meses de estar vigente.
La representante del Socorro Jurídico Humanitario señaló que muchos arrestos se efectúan sin pruebas y que los detenidos son víctimas de tortura, golpizas, vejaciones y violaciones sexuales dentro de los centros penales, atendiendo a casos documentados por esa organización.
Cito el caso del penal de Izalco donde los nuevos arrestos al llegar son recibidos por un grupo de custodios que los apalean y vejan, algo que algunos no resisten y terminan muriendo.
La organización recibió al menos 1250 denuncias de familiares de fallecidos en las prisiones sin contar otros que temen hablar por temor a ser víctimas de represalias.
El Socorro Jurídico indicó que el 60 por ciento de las muertes bajo custodia del Estado ocurrieron en situaciones de violencia carcelaria.
Son muchos los ejemplos de arbitrariedades cometidas bajo el régimen de excepción, incluso detienen a personas, por una llamada o denuncia anónima, sin tener pruebas de sus vínculos con las pandillas.
La detención de personas inocentes es una de las principales críticas que reciben las autoridades en el combate a las acciones de las pandillas, algo reiterado por organizaciones y familiares de las víctimas.
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