El evento público será en cumplimiento de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la responsabilidad gubernamental en la masacre que costó la vida a Diana Maidanik, Silvia Reyes y Laura Raggio el 21 de abril de 1974.
Las “Muchachas de Abril” fueron acribilladas a balazos por fuerzas militares y de la policía.
La CIDH condenó al Estado uruguayo a “realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional” en el que deben estar presentes autoridades de los tres poderes del Estado y representantes de las víctimas.
Sin embargo, en las reuniones preparatorias de este evento, los representantes del gobierno informaron a los familiares que Lacalle Pou no participará, ante lo que expresaron su queja en una carta pública.
El jefe de Estado designó a la vicepresidenta Beatriz Armigón para que encabezara el acto.
La misiva consigna que aquellas ejecuciones extrajudiciales esperan respuesta de la Justicia. Los firmantes reclaman conocer el paradero de detenidos desaparecidos por la dictadura que imperó en el país en las décadas de 1970 y 1980 del siglo pasado.
Los familiares consideran que la presencia del máximo mandatario resulta imprescindible, pues “debe actuar y ejercer sus funciones en beneficio de la sociedad toda, sin importar colores o banderas políticas”.
Añaden que es el presidente de la República quien se encuentra en mejores condiciones para “enviar un mensaje claro a las Fuerzas Armadas insistiendo en la necesidad de que quien tenga información para resolver la situación de incumplimiento internacional en la que se encuentra nuestro país, la entregue”.
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