Gannett refirió que el próximo 1 de mayo se celebra una gran victoria —20 años sin bombardeos en Vieques-, “a la vez que cuestionó si realmente se debe festejar mientras las altas tasas de cáncer, la gentrificación y la violencia con armas de fuego diezman nuestras comunidades y presagian un Vieques sin viequenses”.
Para la luchadora social, que pasó 21 días en una prisión federal por entrar sin autorización a la zona de bombardeo de la Marina de Guerra estadounidense en 2001 en medio de la lucha en contra de sus seis décadas de actividad bélica, “la isla municipio se enfrenta a un futuro sombrío” en medio de crecientes desigualdades.
“Indudablemente, la exposición de la población viequense a los residuos tóxicos y sus riesgos para la salud han disminuido drásticamente. Sin embargo, las continuas detonaciones al aire libre y la limpieza inadecuada de la antigua zona de bombardeo siguen enfermando a la población y deteriorando el medioambiente”, dijo.
Gannett expuso en un artículo de opinión en el diario puertorriqueño El Nuevo Día que la isla de Vieques exige una limpieza segura y completa de los residuos tóxicos de la Armada de Estados Unidos, así como la devolución de sus tierras y el cumplimiento del desarrollo sostenible prometido.
A pesar de que décadas de protestas pacíficas llevaron al cierre de la base militar estadounidense el 1 de mayo de 2003, la isla municipio requiere de una economía que satisfaga las necesidades de la población local, ascendente a unos nueve mil habitantes.
Entre esas necesidades están vivienda, empleo bien remunerado, atención médica, educación de calidad, transporte marítimo digno y seguridad con un entorno natural saludable.
“Vieques está sitiado, (ya que) en lugar de planificación y regulaciones gubernamentales, hay un capital extranjero que transforma barrios enteros en alquileres vacacionales y desplaza a la población local sin restricción alguna”, subrayó la activista.
Gannett destacó que en vez de imponer límites, los gobiernos central y municipal brindan exenciones contributivas y permiten la construcción en costas y manglares, el dominio de la vivienda y el turismo por intereses comerciales externos y el empleo mal pagado.
Agregó que en el malecón viequense solo quedan dos restaurantes con propietarios boricuas, y el resto a menudo no atiende a la clientela en español, al tiempo que prosigue el acaparamiento de tierras.
Desde 2003, cuando se hizo efectiva la salida de la Armada, los compradores de propiedades son en su mayoría estadounidenses y en los últimos cuatro años, se han vendido al menos 57 propiedades en el pequeño barrio de Esperanza.
“La mayoría de los vendedores eran viequenses, pero menos de cinco propiedades fueron adquiridas por viequenses, (porque) con una tasa de pobreza que raya el 50 por ciento, nuestros residentes no pueden competir por casas cuyo precio suele superar los 300 mil dólares ni pagar rentas mensuales de mil o más dólares”, subrayó.
Asimismo, la activista denunció una ola desenfrenada de asesinatos, que está arrasando con la población, ya que varios estudios demuestran que la extrema desigualdad de ingresos, debido a la llegada de residentes con mayor riqueza, se correlaciona con un aumento en las tasas de homicidio.
Estableció que más de un centenar de viequenses han sido asesinados desde 2006, con siete homicidios en los últimos nueve meses.
“Muy pocos de estos crímenes se han esclarecido o mantenido en el ojo público, (pues) el gobierno de Puerto Rico no quiere ahuyentar la inversión y el turismo extranjeros con la realidad de nuestra crisis” en Vieques, reclamó Gannett, originaria de Boston con 23 años radicada en la isla puertorriqueña comprometida con su lucha.
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