Según la moción del abogado Ignacio Fernández, los cargos uno, tres y cuatro del pliego acusatorio contra la exmandataria no establecen un quid pro quo, como se sostiene en la imputación.
Expuso que el presunto acuerdo de intercambio “no puede ser inferido de declaraciones ambiguas o cronología circunstancial de eventos, ya que tiene que ser explícito”.
El letrado sostuvo en su moción que en ningún lugar de la acusación se puede encontrar una promesa explícita de Vázquez Garced de dar algo a cambio de dinero para su campaña electoral por la candidatura a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP), que obtuvo Pedro R. Pierluisi.
El defensor sostiene que la fiscalía federal falló al plantear un esquema de soborno bajo los estatutos relevantes, “un elemento requerido del delito”, por lo que se justifica su desestimación.
Vázquez Garced fue acusada junto al exagente federal Mark Rossini y el venezolano-italiano Julio Herrera Velutini, dueño de Bancrédito International Bank & Trust, cuyo cierre se ordenó.
El banquero logró la destitución de George Joyner, de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF), lo que permitiría poner fin a una auditoría que había detectado transacciones sospechosas en cuentas del banco de Herrera Velutini.
“Las acciones de OCIF fueron vistas por muchos en el sector financiero de Puerto Rico, incluyendo Herrera y los representantes del banco, como desinformadas y de mano dura”, según el abogado de Vázquez Garced.
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