“Rechazamos la supuesta existencia de ejecuciones extrajudiciales y la clasificación de masacre, aún cuando se mencione de manera condicional, en los hechos ocurridos”, manifestó Boluarte tras la sesión semanal del Consejo de Ministros al aludir al informe sobre la represión entre diciembre y enero últimos, emitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre sucesos registrados en regiones del sur andino de Perú, principalmente.
Por el contrario, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos condenó “el negacionismo del gobierno de Perú que descalifica el Informe que la CIDH presentó sobre las graves violaciones a los derechos humanos perpetradas durante las protestas”.
La mandataria manifestó que su gobierno está dispuesto a analizar las recomendaciones del informe, aunque reclamó la autonomía de las instituciones peruanas, en alusión a las judiciales en cuyas manos ha dejado la investigación pertinente, y refirió que el documento no es de cumplimiento obligatorio.
El Gobierno, además propuso a la comisión un seguimiento conjunto de sus recomendaciones por cuyo cumplimiento se pronunció ayer el ministro de Justicia, Daniel Maurate.
Boluarte manifestó su complacencia por los acápites del extenso informe que reconocen la legalidad de su administración y, en el contexto político de lo sucedido, afirman que el presidente Pedro Castillo dio un golpe de Estado fallido, el 7 de diciembre.
Tanto la mandataria como el primer ministro culparon al encarcelado expresidente de las protestas, que rechazaron la sucesión que recayó en la vicepresidenta, Dina Boluarte, y sus consecuencias.
También negaron el ingrediente de discriminación y racismo reinante en la política peruana y la mandataria sostuvo que el Gobierno mantiene el diálogo con organizaciones de base en función de acciones de desarrollo y está dispuesto a tratar con todos.
Boluarte usó ese argumento durante las manifestaciones, pero fue rechazado por las organizaciones sociales, que solo exigían objetivos políticos como su renuncia y prontas nuevas elecciones.
Las protestas dejaron un saldo de 49 muertos en las protestas, seis soldados ahogados al cruzar un río para eludir un bloqueo vial, un policía linchado y 11 civiles fallecidos en accidentes.
Una reciente encuesta privada verificó que 54 por ciento de los consultados manifestaron su respaldo a las protestas realizadas entre diciembre y marzo pasado, más allá del lapso investigado.
Otro sondeo, no publicado pero trascendido a la prensa, preguntó por quién votarían los encuestados si se repitieran las elecciones de 2021 y el resultado indicó que volvería a ganar Castillo en la primera y la segunda vuelta.
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