El titular informó este jueves desde la ciudad de Guayaquil, una de las más violentas del país, que 60 bandas criminales fueron desarticuladas e incautaron nueve toneladas de drogas.
Asimismo, notificó que mil 697 sujetos fueron detenidos en operativos durante los 33 días que van del estado de excepción en la llamada Zona 8 (incluye los municipios de Guayaquil, Durán, y Samborondón) y también en las provincias de Santa Elena y Los Ríos.
Zapata explicó que el 60 por ciento de los ciudadanos capturados tienen antecedentes penales, por lo cual pidió a la justicia que los procese con toda la rigurosidad de la ley.
El funcionario señaló que la medida se mantendrá para reducir los niveles de violencia, que en la Zona 8 pasaron de 243 a 205 en un mes, mientras que en Santa Elena los asesinatos bajaron de 28 a 12 y en Los Ríos los homicidios disminuyeron un 24 por ciento.
Sin embargo, a pesar de esos números, persisten los hechos de violencia aún cuando está vigente el estado de excepción con toque de queda.
Desde que el presidente Guillermo Lasso llegó al poder hace casi dos años, ha decretado más de 15 veces esa medida en diferentes regiones, pero a nivel nacional la tasa de criminalidad no para de crecer.
Es preocupante la violencia en Ecuador, este año tal vez terminaremos con una cantidad superior o igual a los más de cuatro mil asesinados en 2022, dijo el excomandante de la Policía Nacional Ramiro Mantilla a Radio Pichincha.
En su opinión, los decretos de estado de excepción ya no son suficientes porque la delincuencia monitorea la llegada de Fuerzas Armadas y la Policía, saben el tiempo que se quedan en las provincias y plantean estrategias para continuar amedrentando y violentando.
Sobre la reciente norma que autoriza a las Fuerzas Armadas a utilizar armamento letal para enfrentar actos delictivos identificados como terrorismo, la experta en asuntos de seguridad Carolina Andrade afirmó que el término es ambiguo y deja vacíos respecto al papel de los militares.
Organizaciones civiles, como el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, reclaman políticas integrales para el desarrollo social que prevengan la criminalidad porque «las estrategias militaristas serán solo una declaratoria de guerra».
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