La actividad se realizó en la capitalina comuna de Independencia y participaron en ella las ministras del Interior, Carolina Tohá, y de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana.
Esta norma implica justicia, reparación y se hace cargo de la deuda de la sociedad con las víctimas de la violencia extrema y el maltrato intrafamiliar, dijo el gobernante respecto a la legislación.
Uno de los objetivos de la ley es crear un régimen de pensiones para los hijos menores de 18 años de las mujeres que pierdan la vida a manos de sus parejas o convivientes, o sean empujadas al suicidio por reiterados abusos y malos tratos.
La ayuda financiera de 160 mil pesos (unos 200 dólares) comenzará a brindarse desde el momento de la calificación del delito, sin esperar hasta el veredicto final del procedimiento judicial, si lo hubiera.
El beneficio abarcará a los casos ocurridos desde que se tipificó este crimen en el Código Penal, siempre y cuando los descendientes no hayan cumplido la mayoría de edad.
También otorga acceso privilegiado al sistema de protección social a las víctimas de agresión frustrada o atentado, así como a sus familiares.
Entre 2019 y 2022 ocurrieron en Chile un promedio de 44 femicidios por año y en el tiempo transcurrido del actual se consumaron 11 casos y otros 76 fueron calificados como frustrados.
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