La orden la dio el ministro Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal (STF), a pedido de la Fiscalía General de la República.
Tal medida se adoptó después que el presidente de la Cámara de Diputados, Arthur Lira, activara el Ministerio Público y solicitara la indagación.
Según Lira, las redes sociales realizan una «contundente y abusiva» acción contra la iniciativa.
Por la decisión de De Moraes, la Policía Federal (PF) tendrá un plazo de 60 días para realizar las indagaciones.
Google mostró el 1 de mayo en su página un enlace contrario a la propuesta.
Titulado «El PL de las Fake News (Noticias Falsas) puede aumentar la confusión sobre lo que es verdad o mentira en Brasil», el enlace apuntaba a un artículo firmado por Marcelo Lacerda, director de Relaciones Gubernamentales y Políticas Públicas de la compañía en Brasil.
En la semana, De Moraes determinó que Telegram borrara un mensaje enviado a los usuarios el 9 de mayo con críticas al proyecto.
Si la decisión fuera incumplida, el juez decretó además que haya suspensión de la aplicación en todo el territorio nacional por 72 horas, además de multa de 500 mil reales (unos 100 mil dólares). La aplicación cumplió la orden.
También el ministro del STF determinó el 2 de mayo que la PF escuche al director de Google en Brasil sobre la publicidad contra el PL de las Noticias Falsas.
En el despacho, el magistrado menciona un estudio realizado por investigadores de la Universidad Federal de Río de Janeiro, según el cual las plataformas iniciaron una campaña contra el proyecto de ley «de forma opaca y burlando sus propios términos de uso».
De acuerdo con el letrado, la actuación de esas plataformas puede constituir abuso de poder económico y favorecer la desinformación ejercida por milicias digitales en las redes sociales.
El PL de las Fake News está en trámite en el Congreso desde 2020, pero ganó fuerza después que el 8 de enero adeptos radicales del exmandatario Jair Bolsonaro, supuestamente coordinados a través de grupos en plataformas digitales con consignas golpistas, invadieran el Congreso Nacional, el STF y el Palacio del Planalto, sede del Poder Ejecutivo.
rgh/ocs