Ninguno de los 30 partidos políticos en contienda aparece como presunto falsificador de la firma de afiliados, pero tenemos investigaciones abiertas, declaró a la prensa la jefa de ese ente, Lizbeth Pérez.
Un 80 por ciento de las denuncias remitidas a la fiscalía por las delegaciones departamentales se basan en ese fenómeno, señaló la jueza. Los casos se concentran en los comités Somos Guatemala, Partido de Reconciliación Nacional y Alianza por la Justicia, acotó.
Cualquier delito comicial, subrayó, es serio, ya que su posible acto conlleva “acciones que atentan contra el proceso”, y en consecuencia contra la democracia, remarcó.
La destrucción de propaganda aparece como otro de los temas reportados por algunas agrupaciones políticas desde que comenzó el periodo de campaña. Sin embargo, “vimos muchas quejas en las redes sociales, pero acusaciones concretas solo hay dos”, afirmó la fiscal.
Fechas clave para la recepción de denuncias son el día de las votaciones generales y al siguiente, por lo cual Pérez instó a la población a llevar el sufragio de forma pacífica.
La Fiscalía registró en lo que va del 2023 solo 90 acusaciones por estos delitos, mientras en 2019 mil 600, entre ellas la coacción contra la libertad política, financiamiento, abuso con propósito electoral, atentado contra el transporte de material, fraude del volante y campaña anticipada.
Esta nación centroamericana de poco más de 17 millones de habitantes engloba en su padrón una cifra superior a los 9,3 millones de cara a la definición del nuevo mandatario y vicemandatario, 160 diputados del Congreso, 340 concejos municipales, así como diputados al Parlamento Centroamericano (Parlacen).
El Tribunal Supremo Electoral fijó la segunda vuelta de las votaciones el 20 de agosto, en caso de que ninguna de las fórmulas presidenciales logre el 50 por ciento más una papeleta de las válidas emitidas.
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