Hasta el momento, seis de los 10 ministros de la corte dieron a conocer su voto, cinco de ellos a favor de una pena contra el también exsenador.
La sentencia final, que determinará los años de prisión, será conocida en la venidera semana, cuando se retome el juicio en el STF.
El ponente del caso, el juez Edson Fachin, propuso una condena de 33 años de prisión y una sanción monetaria de cuatro millones de dólares al considerar a Collor culpable de los delitos imputados.
Primero de los magistrados del Supremo en presentar su voto, Fachin alegó que el significativo conjunto de pruebas presentado por la Fiscalía General, que formuló la acusación, resulta extenso e incontestable.
El ministro Alexandre de Moraes siguió al relator en el entendimiento por la condena.
Sin embargo, dejó de analizar la parte relativa a las penas y dijo que lo hará en un momento posterior.
De acuerdo con De Moraes, su concordancia con el ponente es del 90 por ciento en relación con los castigos.
«Voy a dejar el debate, voy a revisar y verificar la posibilidad de un seguimiento, porque son cuestiones, más aún en la (parte) de las multas», precisó.
La denuncia contra Collor fue presentada en 2015 por el entonces procurador general Rodrigo Janot, en la causa de la desarticulada operación judicial Lava Jato.
Según la imputación, el exgobernante (1990-1992) habría, con la ayuda de otros implicados, solicitado y aceptado promesa para viabilizar irregularmente un contrato de cambio de bandera de estaciones de combustible entre la compañía BR Distribuidora, objeto de investigación de la Lava Jato, y la empresa Derivados de Brasil.
En ese sentido, recibió para sí y los demás acusados una ventaja pecuniaria indebida.
La Fiscalía General asegura que, en razón del apoyo al Gobierno federal, el Partido Trabalhista Brasileño, en la época sigla de Collor, pudo indicar nombres para cargos en la BR Distribuidora, lo cual propició, entre 2010 y 2014, que los denunciados hayan integrado una organización criminal.
Se compuso ese grupo delictivo con el propósito de desviar recursos en beneficio particular, corromper agentes públicos y blanquear valores, a partir de la influencia, junto a la sociedad de economía mixta, del exsenador.
Además de Collor, responden a la acción Pedro Paulo Bergamaschi, designado como operador particular y amigo del exmandatario, y Luis Pereira Duarte de Amorim, designado como director financiero de las empresas del exparlamentario.
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