En la sede de la JCE, su presidente Román Andrés Jáquez, y la procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, suscribieron el convenio interinstitucional.
El tratado fija que el órgano electoral y del registro civil suministrará equipos para el empadronamiento y el uso del sistema biométrico “en los procesos de consultas e identificación de personas y privados de libertad”.
Acerca de este acuerdo, el presidente de la JCE consideró que es un paso histórico en materia de derechos, que deben garantizarse de manera efectiva.
Jáquez destacó la importancia del uso de la biometría para la verificación de la identidad porque permitirá que los privados de libertad de manera preventiva puedan ejercer su derecho al voto en los comicios del próximo año.
Estimó que también será posible depurar el padrón del sistema carcelario y excluir a los juzgados de manera definitiva e irrevocable.
En esa misma línea, Brito apuntó que el acuerdo reconoce derechos consagrados en la Constitución a favor de personas sin posibilidades de ejercer el voto por no estar registradas, ni tener manera de que constaran sus antecedentes.
Para el acceso a la información, tanto la JCE como la PG se comprometieron a desarrollar una interfaz de consulta a fin de que el órgano judicial pueda ingresar al archivo maestro de células de identidad en línea.
De su lado, el Ministerio Público se comprometió a facilitar el personal y medios tecnológicos y logísticos para la lectura, registro y proceso de información biométrica.
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