El análisis tendrá lugar en el pleno virtual de la corte, formato de deliberación en el que los ministros depositan sus votos en una página del STF en Internet, sin la necesidad de una sesión presencial o por videoconferencia.
Tal escudriñamiento es realizado por los jueces caso por caso, es decir, la situación de los acusados es analizada de forma individual.
Si las imputaciones son recibidas, los encausados pasan a responder a una acción penal en la corte, en la cual podrán presentar defensas y pruebas en el curso del proceso.
En esta etapa, serán juzgadas 131 denuncias contra sospechosos de participar en las acciones golpistas.
Desde abril, el Supremo inició una serie de juicios sobre las solicitudes de apertura de proceso penal hechas por el Ministerio Público.
Hasta el momento, concluyeron las deliberaciones de cuatro bloques.
El primero, del 18 al 24 de abril, cuando el juzgado decidió que 100 denunciados pasarían a responder a acciones penales.
Un segundo conjunto, del 25 de abril al 2 de mayo, cuando más de 200 implicados se convirtieron en acusados y el tercero, del 3 al 8 de mayo, cuando se analizaron las situaciones de 250 denunciados.
Para el cuarto bloque, del 9 al 15 de mayo, fueron evaluadas las conductas de 245 involucrados.
Con los cuatro juicios hasta la fecha, el tribunal decidió iniciar acciones penales contra 795 incluidos en los actos antidemocráticos. El número supera la mitad de las mil 390 denuncias ofrecidas por la Fiscalía.
Un quinto bloque estuvo en deliberación en el pleno virtual desde el 16 de mayo y cerró el análisis a las 23:59, hora local, de este lunes.
En el Supremo, la expectativa es que todas las imputaciones sean juzgadas hasta principios de junio. Aún caben recursos contra la apertura de acciones penales.
De los procesos pautados, 225 son contra adeptos del expresidente Jair Bolsonaro que invadieron los edificios del STF, del Congreso Nacional y el Palacio del Planalto, sede del Poder Ejecutivo. Otros 25 enfrentan acusaciones por incitar las protestas violentas.
La Fiscalía cita crímenes como asociación criminal, golpe de Estado, deterioro de patrimonio derribado, daño calificado e incitación al crimen.
Si se aceptan las denuncias, los acusados responderán judicialmente por las embestidas antidemocráticas.
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