La ejecución respondió a la decisión de la Corte de Reclamos Penales del Tribunal de Apelaciones del Cantón de Lugano, adoptada en ocasión del juicio impulsado por la Procuraduría General de la República por tentativa de estafa y falsedad de documentos en relación con los referidos pagarés, indicó un comunicado.
El texto expresó que, desde hace más de 20 años, Venezuela combatió judicialmente este intento de estafa, ejecutado a partir de la emisión y circulación en el mercado internacional de pagarés falsos (notas promisorias), atribuidos fraudulentamente al extinto Bandagro.
Explicó que estos pagarés falsos estaban supuestamente garantizados por el Ministerio de Hacienda de la época, con una expectativa de cobro cifrada en más de 15 mil millones de dólares.
Aseguró que en todos los procesos incoados por la República fueron declarados falsos los referidos pagarés.
La nota de la Cancillería indicó que la medida adoptada por las autoridades suizas implica, además, una clara victoria para las instituciones nacionales, frente a las ilegítimas pretensiones de un grupo de ciudadanos venezolanos que desde 2020 intentaron usurpar la representación de las autoridades nacionales.
Manifestó que estos, a través del inexistente “tribunal supremo de justicia en el exilio”, pretendieron impedir la destrucción de las Notas Promisorias e intentar despojar al pueblo venezolano de sus activos y derechos en el extranjero.
La República Bolivariana ratificó que continuará adoptando todas las acciones que estén a su alcance para seguir protegiendo sus activos, derechos e intereses en el extranjero e impedir que, mediante acciones criminales, un pequeño grupo de apátridas se apropie de la riqueza del país para su beneficio personal, en perjuicio del patrimonio de los venezolanos.
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