Un informe del Movimiento de Trabajadores (MTP) de la PNC estimó que el acuartelamiento puede deberse a un informe de inteligencia con fecha del 25 de mayo que alerta de acciones de las pandillas o por las posibles protestas por los cuatro años de gobierno del presidente Nayib Bukele.
“Por orden superior se suspenderán las licencias para todo el personal de la @PNCSV desde el lunes 29 desde las 12:00 horas hasta el 02 junio a las 12:00 horas. No hay directrices del porqué de la suspensión. Estar atentos. @PDDHElSalvador”, indica el tuit publicado por el gremio.
El representante del MTP, Marvin Reyes, explicó que hasta ahora no conocen las razones de la suspensión de las licencias.
Sin embargo, un informe de Casa Presidencial indicó la víspera que el mandatario convocó en la tarde a una reunión con su Gabinete de Seguridad para actuar ante presuntas evidencias de que las pandillas planean una ofensiva.
Se dieron cita con el mandatario los integrantes del gabinete de Seguridad Pública conformado por el director de la PNC, Mauricio Arriaza Chicas, el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, el ministro de Defensa, René Francis Merino, y el fiscal general, Rodolfo Delgado.
«Se tiene conocimiento que los integrantes de la Ranfla Nacional de la MS en días recientes sostuvieron un ‘meeting’, del cual resultan lineamientos concretos hacia los corredores del proforma y cliclas (células) a nivel nacional…se les ordena cometer homicidios», asegura ese informe de inteligencia.
Según voceros de la PNC, esta etapa, que es la de recuperación, es la más delicada, porque si las autoridades se confían puede reorganizarse las pandillas y surgir con más violencia y más sangrientas. Es de no descuidar lo que se avanzó en el combate a las pandillas, puntualizó.
Otras fuentes estiman que la alerta puede estar relacionado con el arribo el 1 de junio al cuarto año de gobierno del presidente Bukele, un marco en el que pudieran producirse manifestaciones.
Según algunas fuentes, contrario a lo que la propaganda gubernamental que intenta vender un país de éxito, El Salvador está muy lejos aún de tener un gobierno capaz de garantizar derechos y promover bienestar.
Organizaciones sociales estiman que en los últimos cuatro años el país experimentó un deterioro acelerado y sostenido de la institucionalidad democrática con la pérdida de la separación de poderes y un régimen de excepción que suspende derechos fundamentales.
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