La iniciativa pasará ahora al Senado y, de aprobarse en esa instancia, será remitida al presidente Luis Inácio Lula da Silva para que la certifique o no.
El proyecto fue pautado en el plenario en respuesta del titular de la Cámara baja, Arthur Lira, al anuncio del Supremo Tribunal Federal (STF) de reanudación del juicio que discute la implantación del llamado marco temporal para demarcaciones de posesiones nativas.
Desde 2017, el Estado invoca la tesis de ese hito para reclamar el territorio.
Según esta interpretación, la tenencia de la tierra solo se garantiza a quienes puedan demostrar que estaban en el espacio en la fecha de promulgación de la Constitución Federal, el 5 de octubre de 1988. En la práctica, esto limita el reconocimiento.
En 2019, el STF dio el estatus de «repercusión general» al proceso, lo cual significa que la decisión tomada en el caso servirá de pauta para la dirección federal y todas las instancias de la justicia con respecto a los procedimientos de demarcación.
Desde 2007, el texto estuvo en trámite en Diputados y tuvo su análisis acelerado el 24 de mayo, tras la aprobación de solicitud de urgencia por 324 votos favorables y 131 en contra.
La votación fue realizada por la Comisión de Constitución y Justicia de la Cámara baja que refrendó la opinión del ponente Maia.
Al respecto, el Ministerio de los Pueblos Indígenas calificó la aprobación del marco temporal por los parlamentarios de «genocidio legislado».
Lo anterior, argumentó, porque afecta directamente a las comunidades originarias aisladas, «autorizando el acceso deliberado en territorios en el que viven pueblos que aún no han tenido ningún contacto con la sociedad, ni siquiera con otros pueblos».
En redes sociales, la titular de esa cartera, Sonia Guajajara, afirmó que el proyecto de ley es «un ataque grave a los pueblos indígenas y al medio ambiente. Seguimos luchando por la vida. Aún en el Senado, dialogaremos para evitar la negociación de nuestras vidas a cambio de lucro y destrucción. ¡No desistiremos!», remarcó.
El Observatorio del Clima, red que congrega a grupos ecologistas, consideró que la disposición aprobada viola la Constitución y crecerán los problemas en el campo en caso de ser aprobada por el Senado y refrendada por Lula.
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