El magistrado del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Guillermo Wellman, parece situarse entre los escépticos luego de semanas de forcejeos entre los miembros de ese ente rector de los comicios del 4 de febrero que no terminan de acordar qué empresa pondrá a punto ese mecanismo.
No es para menos la preocupación del magistrado y sectores del país que ven con suspicacia cómo corre peligro el voto de más de medio millón de sus compatriotas en el exterior, una cifra muy importante en el universo de votantes
En el país tienen derecho al sufragio cerca de seis millones de personas y la cifra de potenciales votantes en el extranjero es significativa.
Wellman indicó que habrá comicios, pero el voto en el exterior es un sistema nuevo, electrónico, se va a hacer de dos vías, remota y presencial, y en su opinión, si no se acelera el proceso «podríamos ponerlo en riesgo».
El tema es que pasan los días, semanas y meses, y los magistrados del TSE no se ponen de acuerdo, lo que llevó a algunos comentaristas a sugerir que “hay gato encerrado” en la selección de la empresa que debe cumplir con los tiempos para que las maquinarias estén listas en la fecha programada. Son más de 56 millones de dólares en juego.
El proceso de contratación de voto electrónico podría alargarse hasta principios de agosto, una fecha que sería muy apremiante para el traslado de máquinas de votación electrónica.
Apuntó el miembro del TSE que la aplicación del voto electrónico en el extranjero en su primera experiencia requiere una logística con tiempo, y como está demorado el TSE resulta imposible garantizar ese ejercicio.
“Las empresas tienen que preparar toda una logística, se acerca la Navidad, en noviembre y diciembre no se puede hablar de traslado de máquinas, esto se le va a complicar al Tribunal”, alertó el magistrado.
Algunas fuentes señalan que hay que proceder con rapidez y contratar a la empresa que se encargará, cualquiera sea la decisión del foro regente de los comicios. Hay que actuar ya, sostienen diversas fuentes que temen no se cumpla con la ley aprobada en octubre de 2022.
La Ley ordenó al TSE desarrollar e implementar el sistema de voto electrónico y contratar a una empresa privada para ello. Exige que ocho meses antes de la fecha electoral –4 de febrero de 2024– estén listos los dos sistemas de votación.
Expertos aseguran que eso es casi imposible a la fecha, más aún cuando no se deciden por la forma de contratación de la compañía encargada.
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