Al implementar la medida, Lasso decidió que las Fuerzas Armadas acompañaran a la Policía Nacional en operaciones coordinadas debido al incremento de crímenes, sobre todo en la denominada Zona 8 que conforman las ciudades de Guayaquil, Durán y Samborondón, en la provincia de Guayas.
Según las cifras de la Policía Nacional, en los dos meses que duró la medida, la fuerza pública ha realizado cerca de dos mil operaciones y han sido detenidas unas 50 personas de distintas bandas delincuenciales vinculadas al narcotráfico.
Sin embargo, pese a la medida restrictiva, a diario se reportan crímenes en esos territorios ecuatorianos.
Entretanto, medios locales han anunciado que se prevé que el Gobierno Nacional tome nuevas decisiones con respecto a la situación de violencia en la nación sudamericana.
Mañana el Consejo de Seguridad Pública y del Estado (Cosepe), se reunirá para evaluar los resultados de las operaciones en contra del terrorismo.
El secretario de Seguridad de Ecuador, Wagner Bravo dijo recientemente que el gobierno prepara un Decreto Ejecutivo sobre el uso de la fuerza legítima para combatir la delincuencia en el país andino.
Según Bravo, el documento está la espera de a autorización del presidente Lasso.
El Pasado 25 de mayo, el Ejecutivo creó una Fuerza de Tarea Conjunta para intervenir en la localidad de Durán, en la provincia de Guayas, donde unos 500 uniformados ejecutan operaciones contra las tres organizaciones narcocriminales que se disputan el control de esa zona y de las rutas en el Golfo de Guayaquil para transportar droga.
Actualmente, Ecuador sufre cada vez más frecuentes motines carcelarios, robos, asaltos, asesinatos, secuestros, extorsiones, entre otros crímenes que el Gobierno atribuye principalmente a bandas ligadas al narcotráfico.
Analistas y la ciudadanía advierten de la necesidad de inversiones tanto para fortalecer a las fuerzas públicas como para fomentar el desarrollo social.
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