El texto fija el número de carteras en 31, además de seis órganos con estatus de ministerio, en un total de 37 titulares.
Algunos de los principales cambios ocurren en los ministerios de Medio Ambiente y Cambio Climático, que pierde la Política Nacional de Recursos Hídricos y la gestión del Registro Ambiental Rural a nivel federal.
En razón de las transformaciones, la cartera de Integración y Desarrollo Regional permanece, como en el Gobierno anterior, con los recursos hídricos, contando en su estructura con el Consejo Nacional de Recursos Hídricos y la Agencia Nacional de Aguas, que pasa a ocuparse aun del saneamiento básico.
También el Ministerio de Pueblos Indígenas perderá una de sus principales facultades, la responsabilidad de la demarcación de nuevas tierras nativas, que pasará al de Justicia.
En el caso de la gestión de bosques, el Ministerio de Medio Ambiente continúa con aquellas públicas concedidas para la producción sostenible.
La gestión de bosques plantados permanece en el Ministerio de Agricultura, pero en articulación con el Medio Ambiente.
Según el contenido aprobado, las políticas sobre protección, recuperación de la vegetación nativa y programas ambientales pasan a englobar también otros biomas además de la Amazonia.
Uno de los órganos subordinados, la Fundación Nacional del Indio (Funai), pasó a llamarse Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas.
Otro ministerio reorganizado por la medida es el del Desarrollo Agrario y Agricultura Familiar, que cuidará también de la identificación, reconocimiento, delimitación, demarcación y titulación de tierras de comunidades quilombolas (afrobrasileños), observadas por competencias del Ministerio de la Igualdad Racial.
La Cámara Baja aprobó el martes, con 283 votos a favor y 155 en contra, el proyecto de ley que limita la demarcación de tierras y debilita una serie de derechos indígenas.
Analistas aseguran que resulta una semana tormentosa para el oficialismo que sufre un segundo revés en esa instancia legislativa.
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