Lo anterior se relaciona con la denuncia realizada la víspera por funcionarios gubernamentales sobre la ausencia de legalidad en el litigio que el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias (Ciadi) abrió sobre el caso de la Zona de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) contra el Gobierno.
Según la ministra de Finanzas, Rixi Moncada, el Ciadi como órgano internacional al admitir dicha controversia de las ZEDE, hace caso omiso a la legislación de Honduras, “de disposiciones previstas en nuestro derecho interno desde 1988”.
Al hablar como parte de la comisión presidencial para la defensa del territorio y la soberanía junto con la Procuraduría General, la titular se refirió al saqueo que las empresas asociadas a la ZEDE pretenden realizar a través de un falso arbitraje.
Moncada aseguró que originalmente las asociadas no se encontraban en las operaciones financieras, pero vieron en dicho litigio la oportunidad de sumarse al saqueo.
La ministra afirmó que el Ciadi hace caso omiso al principio de “lo pactado obliga”, lo cual constituye un principio básico del derecho civil e internacional.
“Le decimos a esos enemigos van a perder (…) porque nos asiste la razón, el derecho, nos asisten principios nacionales e internacionales”, manifestó.
Por su parte, el procurador general, Manuel Díaz, señaló que este martes el Gobierno envió una comunicación al Ciadi sobre el proceso promovido por la empresa Honduras Próspera que pretende sostener el referido litigio contra el Estado.
En ese sentido, Díaz enfatizó que el tema ZEDE es uno de los más grandes de corrupción público-privada de América Latina, por lo cual hicieron público dichas acciones.
La comisión estuvo integrada además de Moncada y Díaz por el canciller, Eduardo Enrique Reina; y el comisionado presidencial para la defensa del territorio, Fernando García.
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