Iniciada hace dos semanas, de esa manera concluyó la audiencia, mucha antes del 5 de junio-como estaba previsto- por la compra de una editorial de medios de comunicación Panamá América, con presuntamente fondos públicos destinados a obras del Estado.
La Fiscalía había solicitado antes pena máxima para el exgobernante de hasta 18 años de cárcel, al igual a que al resto de los acusados.
Marquínez, dio por cerrado este acto y anunció que se acoge al término de ley- un mes- para la emisión de la sentencia.
La letrada precisó además que dictará su fallo luego de que el Juzgado reciba respuestas pendientes por la existencia de algunas pruebas que todavía están en práctica, y luego de la transcripción del acta de la audiencia.
Durante la semana expusieron sus alegatos el Ministerio Público, en particular el fiscal Emeldo Márquez y los defensores de los 15 acusados de lavado de dinero.
Martinelli estuvo ausente de la sala, debido a una operación de columna y descanso médico recomendado, un ardid que al inicio el 23 de mayo utilizó su representante para liberarlo del juicio, pero no lo logró.
Todos los acusados presentes se declararon inocentes del cargo de blanqueo, y sostuvieron que la compra de la editora fue una transacción lícita entre privados.
Para la compra de Epasa se recolectaron 43,91 millones de dólares en diciembre de 2010, según la Fiscalía, que afirma que Martinelli contactó a contratistas, aportó dinero y resultó ‘beneficiario’ al poseer el 60 por ciento de las acciones.
El multimillonario aspira a la relección como presidente en los comicios generales del 5 de mayo de 2024 y es el abanderado para ese cargo en las primarias pasado mañana del partido que fundó, Realizando metas.
La vista se basó en la apertura de causa criminal el 9 de diciembre de 2022 por la jueza Marquínez.
La investigación consta de 164 tomos y comenzó en 2017, cuando el Ministerio Público (MP) tuvo conocimiento de la comisión del delito contra el orden económico por la compra irregular de un conglomerado de medios informativos.
De acuerdo con la Fiscalía, los desembolsos en el caso New Business fueron entregados por empresas que a su vez recibieron contratos para distintas obras de infraestructura. Todas estas acciones se ejecutaron también en el periodo 2009-2014.
En esa lista sobresalen la autopista Arraiján-La Chorrera, la ciudad deportiva de la caribeña provincia de Colón y la construcción del nuevo edificio de la Asamblea Nacional (Parlamento), entre otras.
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