La estatal Agencia Brasil asegura que existe la sospecha que integrantes de la banda indujeron asesinatos cometidos por un menor de 16 años, el 25 de noviembre último, en la ciudad de Aracruz, estado de Espíritu Santo (sudeste).
Según los investigadores, el grupo divulgaba tutoriales de homicidios en la aplicación de mensajes, además de vídeos de muertes violentas, de fabricación de explosivos y de promoción del odio a minorías.
También, en medio de los materiales divulgados, había audiovisuales describiendo ideales neonazis.
Los ataques cometidos por el joven ocurrieron en dos escuelas y, según la Policía Civil de Espíritu Santo, habrían sido planeados hace al menos dos años.
Por los disparos con arma de fuego resultaron muertos cuatro personas y 13 quedaron heridas.
El adolescente es hijo de un policía militar.
Ordenes de búsqueda y decomiso fueron cumplidas en las ciudades de Sao Paulo y Petrolina (estado de Pernambuco (nordeste), por determinación de la primera sala federal de la subsección judicial de Linhares, en Espíritu Santo.
«La investigación demostró que los archivos de contenido de extremismo violento encontrados en el dispositivo celular del menor fueron descargados del canal de la aplicación en la que participaba», informó la PF.
Precisó que el uso de la cruz esvástica en la vestimenta del menor en el momento del ataque demuestra la influencia de la ideología neonazi recibida por el grupo de aplicación.
Lo anterior, agregó la fuerza del orden público, refuerza «la tesis de que el atentado fue cometido por razones de intolerancia a la raza, color y religión, con el fin de provocar terror social, lo cual configura el crimen de terrorismo».
De acuerdo con la Policía, la empresa de aplicación de mensajería, de la cual no se divulgó su nombre, poco cooperó con la pesquisa.
Sin embargo, apuntó, incluso sin la obtención de buena parte de los datos solicitados, los investigadores lograron identificar a dos integrantes que actuaban de forma activa, «con publicaciones de tenor racista».
Para la PF, si se suman, las penas máximas de los crímenes investigados alcanzan 72 años de reclusión, «recordando que tanto el crimen de terrorismo como el de homicidio calificado son considerados graves por la legislación».
El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Flávio Dino, anunció las acciones policiales a través de su cuenta en la red social Twitter.
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