Un comunicado de la vocera de la Alta Comisionada, Marta Hurtado, solicitó a las autoridades salvadoreñas la investigación de «las muertes bajo custodia» en las cárceles y dejen sin efecto la medida, algo que denunció la organización Cristosal, al situar el número de fallecidos bajo arresto en 153 personas.
La ONU valora y reconoce el reto que significan las pandillas para el pueblo de esta nación “que durante décadas han asesinado, violado, robado y extorsionado a la población», pero, subraya que debilitar el estado de derecho y la integridad del sistema legal mediante la limitación de los derechos a un juicio justo no es la respuesta para combatir el crimen.
El informe de Cristosal, con aval médico, indicó que al menos 29 privados de libertad que fallecieron entre el 27 de marzo de 2022 y el 30 de abril de 2023, sufrieron una muerte violenta por tortura, golpes, asfixia mecánica por estrangulación o lesiones.
Expertos de ONU demandaron en el pasado la eliminación del estado de excepción y criticaron políticas que aplica el gobierno para el combate a las pandillas y que según ellos son lesivas a los derechos ciudadanos.
El Salvador, según estadísticas, pasó a ser uno de los países más seguros del mundo luego del enfrentamiento a las maras o pandillas mediante el Plan de Control Territorial y el estado de excepción, después de estar en la punta de la violencia en el mundo.
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