El artículo 35 de la Constitución establece que “no constituyen delito o falta las publicaciones que contengan denuncias, críticas o imputaciones contra funcionarios o empleados públicos por actos efectuados en el ejercicio de su cargo”, expuso el bloque.
El ente investigador, sin embargo, incurrió en ciertas prácticas que violan el referido precepto de la carta magna y confirman la persecución ilegal, sistemática y criminalización del derecho de libertad de expresión, subrayó.
El grupo sostuvo sus argumentos sobre la creación y formación de un expediente, a cargo de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, relacionado con diligencias de investigación sobre publicaciones periodísticas.
Aseguró que el auxiliar fiscal a cargo del caso solicitó copias certificadas de nueve reporteros y columnistas sin contar con autorización judicial, lo cual incumple los artículos 245 y 319 del Código Procesal Penal, remarcó.
El profesional del derecho y miembro de la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) Marco Trejo reiteró que como gremio están muy preocupados por esta criminalización y recordó la acción penal presentada en una Sala de Amparo de la Corte de Constitucionalidad.
A nombre de la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos (Udefegua), Claudia Samaya destacó que el 31 de mayo pasado colocaron una denuncia por violaciones a la libertad de expresión y de opinión de los periodistas perseguidos.
También, agregó, por las violaciones al acceso a los tribunales y al derecho a la defensa, mientras señaló que se sorprendieron cuando la Fiscalía le pidió a Aldea Global todas las publicaciones realizadas por los reporteros.
Calificó de mala fe la actuación, porque no permitieron tener copias del expediente para que los abogados que trabajan para los periodistas puedan informarse del caso.
Suscribieron la denuncia la APG, Udefegua y La Red Rompe el Miedo Guatemala, entre otras personas y agrupaciones sumados al movimiento #NoNosCallarán.
Todo ello en correspondencia con el anuncio de sentencia penal fijado por el Tribunal Octavo para el próximo 14 de junio contra el reconocido reportero José Rubén Zamora, fundador y presidente del diario elPeriódico.
El comunicador afirmó en una de las audiencias que se trata de una persecución auspiciada por los tres poderes del Estado contra elPeriódico, uno de los medios más críticos contra el gobierno de Alejandro Giammattei y antes de Otto Pérez Molina (2021-2015).
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