Tales acusaciones aluden a dos grupos de infractores: personas que estuvieron directamente en las acciones de vandalismo y aquellas que incitaron el movimiento.
La mayoría de los ministros del Supremo votó por la recepción de un lote adicional de 70 denuncias contra los involucrados en esos hechos, cuando partidarios del expresidente Jair Bolsonaro invadieron y depredaron las sedes de Congreso Nacional, el STF y el Palacio del Planalto, sede del Poder Ejecutivo en Brasilia.
Ahora en ese grupo seis denuncias son relativas a investigados acusados de participación directa en los episodios antidemocráticos.
En este caso, los crímenes imputados son más graves, entre los cuales figura asociación criminal armada, intento de golpe de Estado, deterioro de patrimonio derribado y daño calificado al patrimonio de la Unión.
Las otras 64 acusaciones en juicio son referentes a incitadores de los actos golpistas, en especial de aquellos que acamparon por semanas frente al Cuartel General del Ejército, en Brasilia, lugar en que se pedía abiertamente la intervención militar para anular el resultado de la elección ganada en octubre por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
En este caso los delitos imputados son de asociación criminal e incitación a la animosidad de las Fuerzas Armadas contra los poderes constitucionales.
La eventual recepción de más de 70 denuncias relacionadas con el 8 de enero está siendo juzgada en plenario virtual.
Bajo esta modalidad los ministros tienen un período de tiempo para registrar el voto en el sistema del Supremo, sin deliberación presencial o por videoconferencia.
La sesión está programada para durar hasta las 23:59, hora local, de este viernes. Hasta el momento, el marcador está seis a uno.
El relator del caso, ministro Alexandre de Moraes; y los jueces Gilmar Mendes, Antonio Días Toffoli, Edson Fachin, Luiz Fux y Rosa Weber votaron por la recepción de las denuncias, formando mayoría. El letrado Kassio Nunes Marques votó en contra.
Al igual que en las seis etapas anteriores, la mayoría de los magistrados consideró que existían indicios suficientes para iniciar acciones penales contra todos los acusados, que de esta manera pasan a ser reos.
Con ello se abre una nueva fase de instrucción procesal, con audiencia de testigos y eventual producción de más pruebas. Después se dará plazo para manifestación final de acusación y defensa.
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