La nueva suspensión fue ocasionada por un pedido de vista del ministro André Mendonça.
Por las reglas internas del STF, el caso deberá retornar para análisis en un máximo de 90 días.
Antes de la solicitud de vista, el juez Alexandre de Moraes votó el pasado miércoles en contra del marco temporal.
Con la manifestación de De Moraes, el marcador del examen está dos a uno contra el hito transitorio.
En 2021, antes de la paralización del juicio, el magistrado Edson Fachin votó en contra de la tesis y el también letrado Kassio Nunes Marques se manifestó a favor.
La corte superior juzga si la jurisdicción de los terrenos nativos debe seguir el criterio, el cual define que los indígenas solo pueden reclamar sus tierras ocupadas antes de la fecha de promulgación de la Constitución de 1988.
Actualmente, hay más de 300 procesos de demarcación de tierras aborígenes abiertos en el país.
Los nativos están en contra de que se reconozca tal criterio, mientras que los propietarios argumentan que resulta importante para garantizar la seguridad jurídica.
El caso está siendo juzgado por el Supremo porque, en 2013, el Tribunal Regional Federal de la IV Región aplicó el criterio de marco temporal al conceder al Instituto de Medio Ambiente del sureño estado de Santa Catarina un área que forma parte de la Reserva Biológica de Sassafras, Tierra Indígena Ibirama LaKlãnõ.
La Cámara de Diputados aprobó el 30 de mayo, por mayoría, ese proyecto de ley. Con 283 votos a favor y 155 en contra, la iniciativa pasará ahora al Senado.
De aprobarse en esa instancia, será remitida al presidente Luis Inácio Lula da Silva para que la certifique o no.
Al respecto, el Ministerio de los Pueblos Indígenas calificó la aprobación del marco por los diputados de «genocidio legislado» porque afecta directamente a las comunidades originarias aisladas, «autorizando el acceso deliberado en territorios en el que viven pueblos sin ningún contacto con la sociedad, ni siquiera con otros pueblos».
En redes sociales, la titular de esa cartera, Sonia Guajajara, afirmó que el proyecto de ley es «un ataque grave a los pueblos indígenas y al medio ambiente. Seguimos luchando por la vida. Aun en el Senado, dialogaremos para evitar la negociación de nuestras vidas a cambio de lucro y destrucción. ¡No desistiremos!», remarcó.
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