En tal sentido, mencionó al teniente coronel Mauro Cid, exayudante de órdenes de Bolsonaro, y Anderson Torres, exministro de Justicia y exsecretario de Seguridad Pública del Distrito Federal.
Sin embargo, la junta decidió por ahora no llamar al general Marco Edson Gonçalves Días, exministro del Gabinete de Seguridad Institucional de la Presidencia (GSI), y a Ricardo Cappelli, secretario ejecutivo de ese órgano.
Los convocados están obligados a presentarse en la comisión para proporcionar información. Los investigados, no obstante, tienen el derecho de rechazar la participación. Aún no hay fecha para las audiencias con Cid y Torres.
Otros nombres relacionados con el exgobernante también tenían convocatoria aprobada por el colegio legislativo, como el general Walter Souza Braga Netto, exministro de Defensa y excandidato a vicepresidente, y Augusto Heleno, exministro jefe del GSI.
Además, Bolsonaro resulta objeto de solicitud de citación, pero, por acuerdo, no fue mencionado en este primer encuentro del grupo.
El único nombre vinculado al actual gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, invitado a hablar en la CPI, es Flávio Dino, ministro de Justicia y Seguridad Pública.
Los requerimientos aprobados este martes solicitan que sean remitidos a la junta los informes enviados por la Agencia Brasileña de Inteligencia a los órganos del Gobierno federal sobre los riesgos de la manifestación del 8 de enero.
El colegiado también pide el envío de archivos e imágenes, internas y externas, del Congreso Nacional, el Supremo Tribunal Federal (STF), los palacios del Planalto (sede del Poder Ejecutivo) e Itamaraty (de la cancillería) y del Ministerio de Justicia.
La semana pasada, la CPI, con 16 diputados y 16 senadores titulares, aprobó el plan de trabajo y tiene 180 días para investigar las embestidas contra las sedes de los tres poderes.
El grupo parlamentario de indagación podrá elevar sus resultados ante la Fiscalía General, con el fin de aportar pruebas al proceso penal.
Partidarios radicales de Bolsonaro recibieron la orden el 8 de enero y casi siete mil (apropiados del color amarillo de la bandera) irrumpieron y saquearon los predios del Congreso Nacional, el STF y Planalto.
La Fiscalía General denunció penalmente a mil 390 personas por varios delitos, como crímenes de abolición violenta del Estado Democrático de Derecho, golpe de Estado, daño calificado, asociación criminal, incitación al crimen, destrucción y deterioro o inutilización de bien especialmente protegido.
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