En la lista aparecen nombres como los de Anderson Torres, exsecretario de Seguridad Pública del Distrito Federal (DF), el teniente coronel Mauro Cid, exayudante de órdenes del expresidente Jair Bolsonaro, y el general Walter Souza Braga Netto, exministro de Defesa y de la Casa Civil.
También figuran el general de la reserva Augusto Heleno, exjefe del Gabinete de Seguridad Institucional, y Ricardo Cappelli, nuevo titular interino de ese departamento, entre otros.
Por otra parte, está prevista la revisión de requerimientos para compartir información sobre los ataques a las sedes de los tres poderes en Brasilia.
La semana pasada, la CPI, con 16 diputados y 16 senadores titulares, aprobó el plan de trabajo y tiene 180 días para investigar las acciones antidemocráticas.
El grupo parlamentario de indagación podrá elevar sus resultados ante la Fiscalía General, con el fin de aportar pruebas al proceso penal.
Partidarios radicales de Bolsonaro disfrutaban de la instalación de campamentos, bajo patente de protestas pacíficas y libre expresión, en ciudades y en especial en Brasilia, contra el resultado de las elecciones de octubre y la asunción al poder por tercera vez del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Sin embargo, el 8 de enero la orden fue dada y casi siete mil extremistas bolsonaristas (adeptos del exmilitar y apropiados del color amarillo de la bandera) irrumpieron y saquearon los predios del Congreso Nacional, el Supremo Tribunal Federal y el Palacio del Planalto, sede del Poder Ejecutivo. Pese a que análisis de comportamiento y conductas sospechosas permitieron anticipar acciones de individuos o grupos que presentan propósitos terroristas, las fuerzas policiales apenas reaccionaron, y en particular las del DF.
El intento golpista culminó con la detención de muchos partidarios del excapitán del Ejército, entre ellos el exsecretario Torres, quien fungió en el Gobierno de Bolsonaro como ministro de Justicia.
La Fiscalía General denunció penalmente a mil 390 personas por varios delitos, como crímenes de abolición violenta del Estado Democrático de Derecho, golpe de Estado, daño calificado, asociación criminal, incitación al crimen, destrucción y deterioro o inutilización de bien especialmente protegido.
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