Durante una extensa jornada iniciada el miércoles para aprobar la a Ley Especial para la Reestructuración Municipal a propuesta del presidente Nayib Bukele que entrará en vigencia el 1 de mayo de 2024, los diputados actuaron esta madrugada para extenderla medida que suspende varios derechos constitucionales.
La iniciativa que cumple este miércoles 445 días de vigencia se extendió ahora hasta el 15 de julio y según sus promotores estará vigente mientras exista la amenaza criminal y pandilleros en libertad.
La Asamblea Legislativa de 84 miembros aprobó con 67 votos la prórroga con el argumento de que es necesario para “garantizar la paz y la libertad” en las comunidades, según el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro.
La medida suspende tres garantías constitucionales, el derecho de defensa, el límite de 72 horas de detención sin audiencia y la necesaria autorización judicial para la intervención a las telecomunicaciones, las cuales según sus críticos enmascara violaciones de derechos humanos de los salvadoreños, en muchas ocasiones bajo arresto injustificado.
El martes, el Fiscal General de la República, Rodolfo Delgado, defendió su implementación pese a las críticas de diversos sectores del país y organismos internacionales.
Delgado dijo que la iniciativa permitió que el ente que dirige, pueda desarrollar investigaciones contra las personas detenidas.
Pese a resultados como el arresto de cerca de 70 mil presuntos pandilleros y colaboradores, la ocupación de más de tres mil armas de fuego, alrededor de tres mil 500 vehículos y otras logísticas a las pandillas, la medida es criticada por grupos defensores de los derechos humanos por la muerte de cerca de 150 reos en las cárceles del país.
La política fue aplicada en marzo de 2022 cuando en un solo fin de semana las pandillas mataron a más de 80 salvadoreños, según informes oficiales. El gobierno reporta un promedio diario de homicidios de 0.3 luego de su puesta en práctica.
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