Resulta respuesta a un veredicto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que condenó a Uruguay por los asesinatos de Diana Maidanik, Silvia Reyes y Laura Raggio y las desapariciones durante aquel periodo (1973-1985) de Luis Eduardo González y Oscar Tassino.
El Estado uruguayo fue culpado por la falta de respuesta frente al acceso a la información y sentenciado a tomar medidas de reparación que implican continuar las investigaciones, dar tratamiento psicológico a familiares de las víctimas y realizar un acto de público reconocimiento.
Pese a controversias sobre la forma de hacer el acto reparatorio, familiares de los desaparecidos convocaron a la ciudadanía a participar en el foro, que será encabezado por la vicepresidenta de la República, Beatriz Armigón, en el Salón de los Pasos Perdidos del recinto del Congreso.
El aforo será limitado y por invitación, una de las quejas de quienes representan a las víctimas, aunque afuera será desplegada una pantalla gigante para que la ceremonia sea seguida por la población.
Allí deberíamos estar todas las organizaciones y los cientos de anónimos que mantuvieron y mantienen viva la memoria. Los precisamos junto a nosotros, nos precisamos juntos, para saber dónde están y por nunca más terrorismo de Estado, dijeron los familiares en un comunicado.
Explicaron que eligieron hacer un acto público para “reconocer el significado de estos cinco crímenes”, lo que implica “el reconocimiento de toda esa política desarrollada” y fortalecer “la necesidad de cumplir la totalidad de la sentencia”.
Además, reclamaron mayor compromiso de los mandos de las Fuerzas Armadas y el gobierno para conocer más información sobre dónde están los desaparecidos antes y después del golpe de Estado del 27 de junio de 1973.
El 21 de abril se cumplieron 49 años de aquella trágica madrugada de 1974 cuando efectivos del ejército y la policía masacraron a Silvia Reyes, de 19 años y embarazada, y sus dos compañeras, Laura Raggio y Diana Maidanik, ambas estudiantes de psicología,
Luis Eduardo González tenía 22 años cuando resultó secuestrado en su domicilio, en diciembre de 1974. Sufrió torturas que le causaron la muerte en diciembre de ese año.
El 19 de julio de 1977 se llevaron a Óscar Tassino, empleado de la empresa eléctrica UTE y militante del Partido Comunista. Fue llevado al centro de detención clandestino de La Tablada, donde murió a causa de una golpiza. Tenía 40 años.
Los familiares de las víctimas cuestionaron la ausencia del presidente Luis Lacalle Pou, quien se encuentra en Estados Unidos y delegó en la vicepresidenta Armigón.
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