El último episodio de la pugna ocurrió este fin de semana, cuando el Tribunal Supremo emitió una orden provisional contra la controvertida ley que amplió el control del funcionario ultraderechista sobre el cuerpo armado.
Los jueces Uzi Vogelman, Yitzhak Amit y Yechiel Kasher estimaron que el Gobierno debe responder a un reclamo contra la legislación en un plazo máximo de 90 días, lo cual indica que la corte está de acuerdo en principio con el caso de los peticionarios.
Aprobada a instancias de Ben Gvir, la normativa establece que el ministro tiene derecho a “dirigir la política policial y los principios generales para sus operaciones”, incluida sus prioridades y los programas operativos, así como las órdenes e instrucciones.
El dirigente del partido extremista Poder Judío afirma que esos privilegios son esenciales para restablecer el orden en regiones anárquicas de la nación y combatir las crecientes tasas de criminalidad.
Sin embargo, los críticos argumentan que le daría al ministro la autoridad para entrometerse activamente en las actividades policiales operativas y potencialmente conducir a una vigilancia sesgada, influenciada por sus creencias políticas e ideología personales.
Tras el fallo, el funcionario publicó un video en el que acusó a los jueces estar “por encima de la ley”.
Ben Gvir también fue duramente criticado por su plan para crear una Guardia Nacional, que genera preocupación en amplios sectores del país, que temen su utilización como milicia privada de la ultraderecha.
La decisión del Gobierno de reducir el presupuesto de 83 organismos de Estado en 1,5 por ciento para financiar al nuevo cuerpo castrense echó más lecha al fuego.
En varias ocasiones numerosos mandos retirados de la policía exigieron la destitución del político radical, conocido por su retórica racista y antiárabe.
En marzo casi 40 exjefes de la policía israelí llamaron al primer ministro Benjamín Netanyahu a reemplazarlo.
En una carta enviada a Netanyahu, cinco excomisionados y 33 exsuperintendentes advirtieron que Ben Gvir “actúa en contra de las facultades que le otorga la ley”.
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