Vasques fue el primer interrogado por la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) sobre los actos golpistas del 8 de enero último en esta capital.
En una sesión dominada por la tensión, el policía retirado intentó proteger al exmandatario Jair Bolsonaro de los cargos de uso de la estructura de la PRF en la justa comicial del pasado año, ganada por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Cuando la ponente Eliziane Gama le preguntó sobre su proximidad con Bolsonaro, el exdirector respondió que nunca tuvo «relación íntima» e incluso votó por él en las comicios pasados porque «no vivía en Río de Janeiro».
El especialista en Gestión Organizacional es investigado por la Justicia de Río por improbidad, al pedir voto para el exmilitar en el referendo del año pasado.
«Nunca utilicé el cargo para beneficio electoral del presidente, si fuera así nosotros tendríamos que autorizar la mitad de los servidores públicos de aquella época», argumentó en su defensa.
Las fotos que tengo con el presidente Bolsonaro fue porque me dejó tomarlas y fueron publicadas en mi hora de descanso, continuó sin dar información precisa a las interrogantes de la parlamentaria.
Además de los actos del 8 de enero, el plan de trabajo de la CPI prevé la indagación de episodios anteriores.
La comisión aprobó la semana pasada la convocatoria para que declaren aliados del exgobernante.
En tal sentido, mencionó al teniente coronel Mauro Cid, exayudante de órdenes de Bolsonaro, y Anderson Torres, exministro de Justicia y exsecretario de Seguridad Pública del Distrito Federal.
Además, el excapitán del Ejército resulta objeto de solicitud de citación, pero, por acuerdo, no fue mencionado en este primer encuentro del grupo.
El colegiado también pide el envío de archivos e imágenes internas y externas del Congreso Nacional, el Supremo Tribunal Federal (STF), los palacios del Planalto (sede del Poder Ejecutivo) e Itamaraty (de la Cancillería) y del Ministerio de Justicia.
Partidarios radicales de Bolsonaro recibieron la orden el 8 de enero y casi siete mil (apropiados del color amarillo de la bandera) irrumpieron y saquearon los predios del Congreso Nacional, el STF y Planalto.
La Fiscalía General denunció penalmente a mil 390 personas por varios delitos, como crímenes de abolición violenta del Estado Democrático de Derecho, golpe de Estado, daño calificado, asociación criminal, incitación al crimen, destrucción y deterioro o inutilización de bien especialmente protegido.
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