Vasques fue convocado por la junta, por lo tanto, está obligado a comparecer. En la siguiente sesión, prevista para el jueves, la CPI escuchará al empresario George Washington de Oliveira Sousa, condenado a nueve años y cuatro meses de prisión por intento de atentado (en diciembre) con bomba cerca del aeropuerto internacional en Brasilia.
Además de los actos del 8 de enero, el plan de trabajo de la CPI prevé la indagación de episodios anteriores.
La comisión aprobó la semana pasada la convocatoria para que declaren aliados del expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022).
En tal sentido mencionó al teniente coronel Mauro Cid, exayudante de órdenes de Bolsonaro, y Anderson Torres, exministro de Justicia y exsecretario de Seguridad Pública del Distrito Federal.
Sin embargo, la junta decidió por ahora no llamar al general Marco Edson Gonçalves Días, exministro del Gabinete de Seguridad Institucional de la Presidencia (GSI), y a Ricardo Cappelli, secretario ejecutivo de ese órgano.
Otros nombres relacionados con el político ultraderechista también tenían convocatoria aprobada, como el general Walter Souza Braga Netto, exministro de Defensa y excandidato a vicepresidente, y Augusto Heleno, exministro jefe del GSI.
Además, Bolsonaro resulta objeto de solicitud de citación, pero, por acuerdo, no fue mencionado en este primer encuentro del grupo.
El único nombre vinculado al actual gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, invitado a hablar en la CPI, es Flávio Dino, ministro de Justicia y Seguridad Pública.
Los requerimientos aprobados solicitan que sean remitidos a la junta los informes enviados por la Agencia Brasileña de Inteligencia a los órganos del Gobierno federal sobre los riesgos de la manifestación del 8 de enero.
El colegiado también pide el envío de archivos e imágenes, internas y externas, del Congreso Nacional, el Supremo Tribunal Federal (STF), los palacios del Planalto (sede del Poder Ejecutivo) e Itamaraty (de la cancillería) y del Ministerio de Justicia.
Partidarios radicales de Bolsonaro recibieron la orden el 8 de enero y casi siete mil (apropiados del color amarillo de la bandera) irrumpieron y saquearon los predios del Congreso Nacional, el STF y Planalto.
La Fiscalía General denunció penalmente a mil 390 personas por varios delitos, como crímenes de abolición violenta del Estado Democrático de Derecho, golpe de Estado, daño calificado, asociación criminal, incitación al crimen, destrucción y deterioro o inutilización de bien especialmente protegido.
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