De quedar imposibilitado, el político ultraderechista quedaría fuera de las elecciones presidenciales, previstas para 2026.
Ante unos 40 diplomáticos extranjeros, el exgobernante repitió el 18 de julio sospechas sin fundamento y ya desmentidas sobre las urnas electrónicas y el proceso electoral.
En esa jornada, exhibió una presentación con desinformación sobre los modernos receptáculos para ejercer el voto y sugirió la participación de las Fuerzas Armadas para corregir fallas del sistema de votación.
Cuestionó la integridad del método comicial y de ministros del TSE y del Supremo Tribunal Federal (STF).
Basó su arenga en una investigación abierta por la Policía Federal en 2018, con la autorización del STF, sobre la invasión de un hacker al sistema del TSE.
Sin embargo, esta corte informó en reiteradas ocasiones que este acceso fue bloqueado y no interfiere en ningún resultado.
El Partido Democrático Laborista acusó un mes después a Bolsonaro y al general Walter Braga Netto, quien fue candidato a vice en su fórmula para el sufragio, de presunto abuso de poder político y uso indebido de los medios de comunicación durante la campaña electoral.
Tal juicio puede hacer que ambos no sean elegibles para los próximos ocho años.
En caso de necesidad, el examen de la acción en el TSE podrá tener continuidad en las sesiones del 27 y 29 de junio.
Hasta la fecha, se realizaron cuatro audiencias de testigos durante la investigación de la llamada Acción de Investigación Judicial Electoral (AIJE).
Al ofrecer su parecer, la Procuraduría General Electoral opinó por la parcial procedencia de la acción, a fin de que sea declarada la inelegibilidad de Bolsonaro y la absolución de Braga Netto.
La AIJE es presentada durante el proceso de campaña electiva y tiene como finalidad apurar conductas que puedan desequilibrar la disputa entre candidatos en un referendo.
Si se juzga procedente, el recurso puede culminar en la declaración de inelegibilidad, por ocho años, de las personas representadas y de quien pueda haber contribuido para la práctica del acto, además de la casación del registro o diploma de la candidatura.
De proceder la AIJE, el exmandatario (2019-2022) quedaría imposibilitado de participar en las próximas presidenciales.
El exjefe de Estado tiene abiertas 16 investigaciones en el TSE.
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