El empresario, que cumple nueve años y cuatro meses de prisión, procuró explotar un camión-tanque víspera de Navidad. El artefacto llegó a ser activado, pero no estalló debido a fallas técnicas.
La junta abrió el martes las rondas de testimonios con el exdirector de la Policía Federal de Carreteras Silvinei Vasques.
También los parlamentarios deben escuchar este jueves al experto Valdir Pires Dantas Filho, de la Policía Civil del Distrito Federal (DF), que actuó en la investigación de la tentativa de ataque.
Además de los actos golpista del 8 de enero en esta cpital, el plan de trabajo de la CPI prevé la indagación de episodios anteriores.
Todos fueron convocados como testigos, es decir, están obligados a comparecer ante el colegio legislativo.
En caso de ausencia, pueden ser objeto de conducción coercitiva. Solo los sujetos investigados tienen derecho a no participar.
La CPI aprobó la semana pasada la convocatoria para que declaren aliados del expresidente Jair Bolsonaro.
En tal sentido mencionó al teniente coronel Mauro Cid, exayudante de órdenes de Bolsonaro, y Anderson Torres, exministro de Justicia y exsecretario de Seguridad Pública del DF.
Sin embargo, la junta decidió por ahora no llamar al general Marco Edson Gonçalves Días, exministro del Gabinete de Seguridad Institucional de la Presidencia (GSI), y a Ricardo Cappelli, secretario ejecutivo de ese órgano.
Otros nombres relacionados con el exgobernante también tenían convocatoria aprobada, como el general Walter Souza Braga Netto, exministro de Defensa y excandidato a vicepresidente, y Augusto Heleno, exministro jefe del GSI.
Además, Bolsonaro resulta objeto de solicitud de citación, pero, por acuerdo, no fue mencionado en este primer encuentro del grupo.
El colegiado pide asimismo el envío de archivos e imágenes, internas y externas de la fecha, del Congreso Nacional, el Supremo Tribunal Federal (STF), los palacios del Planalto (sede del Poder Ejecutivo) e Itamaraty (de la cancillería) y del Ministerio de Justicia.
Partidarios radicales de Bolsonaro recibieron la orden el 8 de enero y casi siete mil (apropiados del color amarillo de la bandera) irrumpieron y saquearon los predios del Congreso Nacional, el STF y Planalto.
La Fiscalía General denunció penalmente a mil 390 personas por varios delitos, como crímenes de abolición violenta del Estado Democrático de Derecho, golpe de Estado, daño calificado, asociación criminal, incitación al crimen, destrucción y deterioro o inutilización de bien especialmente protegido.
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