La investigación del instituto Quaest y la plataforma Genial indica además que un 43 por ciento de los interrogados son contrarios a la sanción y el otro 10 no pudo responder.
Entre los electores que votaron por el gobernante Luiz Inácio Lula da Silva en la segunda vuelta comicial del 30 de octubre, la mayoría (80 por ciento) es favorable a la condena; 12 en contra y ocho sin saber que decir.
Por su parte, los partidarios de Bolsonaro que ejercieron su derecho, un 13 por ciento opinó que debería ser penado, el 82 dijo no y un seis no supo que alegar.
Según un 47 por ciento de los electores que votaron en blanco o nulo, el TSE debería castigar al exmilitar; 33 son contrarios a la punición y un 20 no quiso responder.
La encuesta escuchó a dos mil 29 personas de manera presencial por medio de cuestionario estructurado entre el 15 y 18 de junio.
Para el muestreo, en la primera etapa fueron sorteados 120 municipios, a través del método de probabilidad proporcional al tamaño, con base en la población mayor de 16 años.
En el segundo periodo, se seleccionaron zonas censales a partir del volumen poblacional por sector.
Se definió en la tercera etapa el número fijo de habitantes a ser entrevistado en cada sector, según las cuotas de región, sexo, franja etaria, grado de instrucción, renta familiar y población económicamente activa.
En el comienzo del juicio en el TSE, el viceprocurador general electoral, Paulo Gonet, defendió la víspera la inelegibilidad de Bolsonaro por abuso de poder político que puede inhabilitarlo para ejercer cargos públicos por ocho años.
Gonet se manifestó en la primera sesión que analiza la conducta del excapitán del Ejército en una reunión con embajadores en julio del año pasado.
En ese encuentro, transmitido en la televisión pública, Bolsonaro denigró las urnas electrónicas y el sistema electoral sin presentar pruebas.
Ante los hechos, el Partido Demócrata Trabalhista (PDT) accionó el TSE contra el entonces presidente para acusarlo, junto al general Walter Braga Netto, candidato a vice en su fórmula para el sufragio de octubre, de presunto abuso de poder político y uso indebido de los medios de comunicación durante la campaña electoral.
De acuerdo con Gonet, «están estampados» elementos que justifican alejar al político ultraderechista de las elecciones, como desviación de finalidad, búsqueda de ventaja en la disputa electiva de 2022, además de la gravedad de la conducta.
El 27 de junio será retomado el juicio en el TSE y, según la agenda, presentará su voto el magistrado Benedito Gonçalves, instructor del caso, quien abogó por culpar a Bolsonaro.
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