De quedar inhabilitado para ejercer cargos públicos por ocho años, el político ultraderechista quedaría fuera de las presidenciales, previstas para 2026.
Ante unos 40 diplomáticos extranjeros, el exgobernante repitió el 18 de julio sospechas sin fundamento y ya desmentidas sobre las urnas electrónicas y el proceso electivo.
En esa jornada, exhibió una presentación con desinformación sobre los modernos receptáculos para ejercer el voto y sugirió la participación de las Fuerzas Armadas para corregir fallas del sistema de votación.
Cuestionó la integridad del método comicial y de ministros del TSE y del Supremo Tribunal Federal (STF).
Basó su arenga en una investigación abierta por la Policía Federal en 2018, con la autorización del STF, sobre la invasión de un hacker al procedimiento en el TSE.
Sin embargo, esta corte informó en reiteradas ocasiones que este acceso fue bloqueado y no interfiere en ningún resultado.
El Partido Democrático Laborista acusó un mes después a Bolsonaro y al general Walter Braga Netto, quien fue candidato a vice en su fórmula para el sufragio, de presunto abuso de poder político y uso indebido de los medios de comunicación durante la campaña electoral.
Durante el comienzo del juicio en el TSE esta semana, el viceprocurador general electoral, Paulo Gonet, defendió la inelegibilidad de Bolsonaro.
Argumentó que “están estampados» elementos que justifican alejar al exmandatario de los comicios, como búsqueda de ventaja en la disputa electiva de 2022 y gravedad de la conducta.
«Conclusión de los autos conducen que el evento fue deformado en instrumento de maniobra electoral, traduciendo en desviación de finalidad», afirmó el viceprocurador.
El 27 de junio será retomado el juicio y, según la agenda, presentará su voto el magistrado Benedito Gonçalves, instructor del caso, quien abogó por culpar a Bolsonaro.
Después emitirán su dictamen los otros seis miembros de la Justicia electoral, en la que el excapitán del Ejército tiene abiertas 16 investigaciones.
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