Los ecuatorianos votarán el próximo 20 de agosto, junto con las elecciones presidenciales y legislativas, una consulta popular que podría poner fin a la explotación del Bloque 43-ITT, yacimiento situado en el Parque Nacional Yasuní, uno de los sitios más biodiversos del planeta.
En una rueda de prensa este miércoles desde la provincia Orellana, en la Amazonía, el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Leonidas Iza, abogó por una transición en las actividades económicas fundamentales.
Iza opinó que es necesario para el país abandonar “el modelo global de consumo capitalista que consume tres veces más recursos que los que ofrece la Madre Tierra”.
El líder indígena acusó al Ejecutivo de centrar la consulta únicamente en las consecuencias económicas al decir que el Estado dejaría de recibir mil 200 millones de dólares.
Según datos oficiales, de los alrededor de 480 mil barriles de crudo que produce diariamente Ecuador, el 11 por ciento provienen del Bloque 43-ITT (Ishpingo, Tambococha, Tiputini), y es considerado uno de los yacimientos más productivos de la nación.
Para compensar el agujero que supondría el fin de la explotación de esa zona, Iza propuso incrementar el impuesto a la renta para las personas con mayores ingresos en aras de preservar el medio ambiente.
Aunque la Conaie es el mayor movimiento indígena del país, el pueblo huaorani, que habita cerca del Bloque 43-ITT, se pronunció a favor de continuar la actividad extractiva, pues ven en ella una fuente de trabajo y de servicios básicos como salud, educación y transporte.
El ministro de Energía, Fernando Santos, se refirió en entrevista al canal Ecuavisa a la “preocupación” del Ejecutivo ante la posible prohibición de las operaciones y catalogó como “un golpe muy grave” para la economía ecuatoriana si gana el ‘Sí’ en la consulta.
El titular sostuvo que en los siete años de funcionamiento no ha habido allí afectación alguna al medioambiente, un criterio que no comparte el colectivo ambientalista Yasunidos, promotor de la consulta.
Para los activistas existe un riesgo latente dentro de una de las zonas de mayor concentración de biodiversidad del mundo.
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