Ambos “contrabandearon armas hacia Bolivia (durante el golpe de 2019), mandaron militares disfrazados de bomberos, y ahora promueven una Constitución violando los derechos de la población de ese territorio de Argentina”, dijo Basteiro.
Recordó que Álvarez tuvo responsabilidad primaria en la manera irregular en la cual entraron los proyectiles para reprimir a quienes reclamaban el restablecimiento del orden constitucional en Bolivia tras la conspiración que desembocó en la renuncia del expresidente Evo Morales.
“En Argentina Normando Álvarez está imputado en una causa por contrabando de armas -comentó el diplomático-, pues la justicia boliviana determinó investigar a sus connacionales y dejar que la de nuestro país pesquise a los argentinos”.
Indicó Basteiro que Álvarez recibió una nota remitida por el general boliviano Jorge Gonzalo Terceros, excomandante de la Fuerza Aérea Boliviana, prueba que desató toda la investigación judicial denominada Golpe de Estado III.
En Bolivia, la pesquisa avanzó, se sentó en los tribunales a Terceros, que había agradecido al exembajador las 70 mil municiones recibidas.
De hecho, hubo un primer condenado, Renzo Pedro Arteaga, un exfuncionario de la Cancillería boliviana que aceptó su culpabilidad en un juicio abreviado y recibió una pena de tres años de prisión.
Gerardo Morales, gobernador jujeño de extracción radical, promovió la reforma de la carta magna local sin la participación de varios sectores de Jujuy.
Su propuesta establece prohibiciones en el contexto de las protestas en las calles, limitantes al manejo de los recursos naturales y las tierras fiscales, además de regular las relaciones con las comunidades indígenas.
Pese a la oposición de varios sectores de la población movilizados, el gobernador la puso en vigencia y para contener las protestas ordenó una represión con balas de goma y gas lacrimógeno.
Fue tal la violencia, que diversos sectores expresaron preocupación por las acciones en Jujuy, una de las provincias con mayor población indígena de Argentina.
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