Más de 100 reservistas de la IAF anunciaron este miércoles en una carta que se negarán a servir si se aprueba cualquier parte de ese proyecto, muy cuestionado en la sociedad israelí.
En marzo fue suspendido el coronel Gilad Peled por participar en una protesta contra la reforma.
Poco después, 200 pilotos en la reserva anunciaron su rechazo a presentarse al servicio y un mes antes hicieron lo mismo otros 37, pertenecientes al 69 escuadrón de cazas, uno de los más elitistas de la IAF.
Ese mes una decena de excomandantes de la Fuerza Aérea anunciaron su oposición a la propuesta gubernamental, que restringiría la capacidad del Tribunal Supremo para rechazar leyes al permitirle al Parlamento volver a legislar normativas impugnadas por ese órgano.
El plan, además, permitiría al Ejecutivo de extrema derecha controlar el nombramiento de los magistrados.
Los exjefes de la IAF publicaron una carta abierta a Netanyahu y al titular de Defensa, Yoav Gallant, para patentizar su rechazo.
La misiva fue firmada, entre otros, por los generales Dan Tolkovsky y Amikam Norkin y solo faltaron las rúbricas de los cuatro antiguos comandantes del cuerpo ya fallecidos.
Cientos de reservistas del Ejército también se negaron a presentarse al servicio activo, incluidos miembros de la División de Operaciones Especiales de Inteligencia Militar y de las unidades de guerra cibernética.
En medio de este panorama, el presidente Isaac Herzog advirtió ayer que esas acciones socavan la seguridad del país.
El llamado de Herzog ocurrió durante una ceremonia de graduación de pilotos en la base de Hatzerim, ubicada en el sur de Israel, donde numerosos asistentes dieron la espalda cuando Netanyahu comenzó a hablar.
Desde principios de este año la reforma generó intensas críticas públicas y una feroz oposición en la nación, donde son sistemáticas las protestas masivas en medio de las advertencias de economistas, profesionales del derecho, académicos y funcionarios de seguridad.
Empresarios, estudiantes, políticos, trabajadores de diversos sectores y hasta militares en activo criticaron la normativa, defendida por la derecha y sectores conservadores.
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