La suspensión de este apoyo a unos 2,5 millones de personas representa un aumento significativo de más de 100 quetzales (sobre los 10 dólares) en la factura de esos hogares, precisó la compañía de servicios públicos dedicada al tema energético.
Estos recursos durante el tiempo que estuvo vigente una norma aprobada durante la pandemia de la Covid-19, pudieron usarlos para cubrir otro tipo de necesidades, amplió la reconocida como Energuate.
Expuso que los clientes consumidores de 89 y 125 kWh al mes son familias con un ingreso económico promedio, residentes en áreas rurales, y limitado acceso a la salud y a la educación.
La compañía advirtió que en la factura también se cobra 12 por ciento del impuesto al valor agregado (IVA) y la tasa de alumbrado público, que es diferente en cada municipio, señaló.
Reportes dan cuenta asimismo de la existencia de otros 83 mil usuarios en esos rangos de consumo en empresas eléctricas municipales que operan en el país como Ixcán, Joyabaj y Retalhuleu, entre otras.
En el Congreso Nacional se encuentra la iniciativa de ley 6263, que propone ampliar el aporte temporal para el subsidio a la electricidad por tres meses.
El presidente de la Comisión de Energía en ese órgano, Edgar Dubón García, declaró a la prensa que el tema está pendiente de discusión.
A inicios de junio pasado, según trascendió, el legislativo convocó a una sesión con ese asunto en el centro de la agenda, pero no logró el quórum necesario.
Analistas advierten que en Guatemala las empresas privadas controlan casi la totalidad de la cadena eléctrica y los costos son los más caros de la región.
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