Por Ana Laura Arbesú
Corresponsal jefa en Costa Rica
Primero fueron a las calles por diferentes irregularidades los trabajadores y sindicatos de la Caja Costarricense de Seguridad Social (CCSS), la entidad encargada de administrar dos grandes seguros: salud y pensiones, así como coordinar y ejecutar programas de prevención y asistencia a gran parte de la población de esta nación centroamericana.
Exigen una mesa de diálogo con los directivos para intercambiar sobre la Ley de empleo público, respuestas a las manifestaciones del Gobierno sobre la supuesta quiebra de la CCSS, la deuda económica del Estado con la institución y la posible privatización de servicios.
Días después, su presidenta Ejecutiva Marta Esquivel al presentar un balance sobre el estado financiero de la entidad pública fundada en 1940, afirmó que desde los años 90 del pasado siglo, esa institución genera gastos superiores a los ingresos económicos.
Una realidad que implica un deterioro en la prestación de los servicios: compra de medicamentos, equipos, instalaciones, mantenimiento y disponibilidad de trabajadores calificados, describió.
Ante esas declaraciones, la Unión de Empleados de la Caja Costarricense del Seguro Social (Undeca), acusó al Gobierno de buscar argumentos para no pagar la deuda con esa entidad, principal institución que garantiza esos beneficios en el país.
El Gobierno secuestró a la Caja Costarricense de Seguridad Social (CCSS) para no pagar la deuda y privatizarla, alerta el mensaje de Undeca. Presentan un panorama desolador, que no corresponde a la realidad institucional para justificar, explicó el mensaje de la organización sindical.
A criterio de los directivos, con los argumentos dados a conocer sobre la situación financiera de la caja, intentan no pagarle a la CCSS la multimillonaria deuda que tiene con la institución, por la atención a la población más vulnerable del país.
La organización sindical volverá a las calles por segunda ocasión en apenas tres semanas ante la falta de respuesta a sus demandas. Convocarán una nueva huelga, esta vez para exigir la renuncia de Marta Esquivel como Presidenta Ejecutiva y solicitan un espacio de diálogo para atender el tema de atrasos en los salarios y los nombramientos interinos.
LOS ESTUDIANTES SE SUMAN A LAS PROTESTAS
A las manifestaciones por mantener los principios de la seguridad social en materia de salud se sumaron los estudiantes universitarios de entidades públicas, los que convocaron también a protestas en las calles y se les unieron alumnos de los demás niveles de enseñanza, profesores, sindicatos, federaciones y partidos de izquierda.
Para el joven José Zelaya, jefe de agitación y propaganda del Partido Vanguardia Popular, la marcha unió a todas las organizaciones y no solo reclama por la educación pública universitaria.
Exigimos el respeto al mandato constitucional de que el ocho por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) debe ser asignado a la educación en general, desde la primaria hasta la secundaria, dijo en declaraciones a Prensa Latina.
El Congreso de la nación centroamericana aprobó en 2011 una reforma constitucional que destina el ocho por ciento del PIB a la educación pública, en todos sus niveles de enseñanza.
Presupuesto que podría estar en peligro, y aún se desconoce si será aprobado o no para el 2024, preocupación creciente de la población costarricense y en especial sus estudiantes.
Ante la convocatoria universitaria, que según cifras oficiales aunó a más de seis mil personas que llegaron desde dos puntos a la sede de la Asamblea Nacional, el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, calificó esta ley constitucional de populista.
La convocatoria fue débil, no había una causa clara, ¿defender la educación?, todos la defendemos, ironizó el mandatario para argumentar después que un país envejecido y con cada vez menos estudiantes debe amarrarse a un ocho por ciento del PIB.
Pudo haber sido en consecuencia y en intención una medida populista en aquel entonces, subrayó.
Los universitarios reclamaban además que el Gobierno ajuste el uno por ciento de sus presupuestos por concepto de inflación, aspecto pendiente del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) prometido desde el pasado año por el Ejecutivo, solicitud que el mandatario y el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, manifestaron que no se aplicará pues no hay recursos disponibles.
Ante esta respuesta, diferentes sectores del sistema educativo dieron a conocer de manera conjunta sus posiciones en contra del accionar del Ministerio de Educación Pública que busca modificar ese presupuesto y transferirlo al Ministerio de Seguridad para financiar parte del programa Costa Rica Segura.
Como respuesta a las manifestaciones, la diputada Rocío Alfaro, de la fracción del Frente Amplio (FA), difundió en las redes un video en el que resume la posición de ese partido en esta acción estudiantil.
El FA se sumó a las organizaciones que denuncian cómo el gobierno incumple con las obligaciones del Estado en cuanto al presupuesto designado a la educación, señaló.
«Era importante sumarnos porque la educación constituye columna vertebral del estado social de derecho: mantener la educación. Si queremos tener un desarrollo real y una patria soberana debemos invertir en educación».
Ver al pueblo de Costa Rica y a todos los sectores que se sumaron nos llenan de esperanza, puntualizó.
Mientras, el mandatario Chaves explicó que su objetivo es tener una discusión racional sobre el presupuesto educativo y reconoció que si no hay un acuerdo, será el Congreso el encargado de definir el presupuesto para la educación en 2024.
Sin embargo, diputados del Partido de Liberación Nacional, de la oposición, dieron a conocer que sus 19 diputados no votarán ningún presupuesto mientras no se solucione la disputa por el FEES.
Por lo pronto habrá que esperar el próximo paso, para conocer lo acordado entre Gobierno y rectores de las cinco entidades públicas universitarias, el cuarto encuentro para acabar de poner fin a la crisis.
arb/alb
