Bolsonaro acumula investigaciones y procesos judiciales que van, desde ofensas contra el sistema electivo, el funesto desempeño de su gobierno durante la pandemia de Covid-19, hasta los actos golpistas del 8 de enero en esta capital.
El TSE dejó inhabilitado al exgobernante por abuso del poder y uso indebido de medios públicos de comunicación durante los pasados comicios.
Por cinco votos a favor y dos en contra, la corte incapacitó al exmilitar para ocupar cargos públicos hasta 2030 por celebrar, en julio de 2022, una reunión con embajadores extranjeros transmitida por televisión pública en la que atacó sin pruebas el sistema de votación y las urnas electrónicas.
En el encuentro, realizado en el capitalino Palacio de la Alvorada (residencia oficial), el exmandatario, ante unos 40 diplomáticos foráneos, no contuvo tampoco su verbo para, una vez más, cuestionar y agredir a los ministros del TSE y el Supremo Tribunal Federal (STF).
Ante los hechos, el Partido Democrático Trabalhista accionó rápidamente en la época a la justicia electoral.
Respecto al laudo del tribunal dictaminado el 30 de junio, el político de tendencia ultraderechista afirmó que resultó una «puñalada en la espalda» y que recientemente recibió una en la barriga, al aludir el atentado sufrido en 2018.
Adelantó que evaluará con sus abogados las posibilidades de apelar, no solo en el TSE, sino además ante el Supremo.
Según el portal Vermelho, pese a intentar negar sus embestidas, a lo largo de su mandato y de su vida política, Bolsonaro «coleccionó acciones y omisiones perjudiciales al país, al pueblo brasileño y a la democracia, por las cuales debe responder ante la Justicia».
En tal sentido, el exmilitar enfrenta cinco investigaciones en el STF que pueden conducirlo a la prisión, cuatro de ellas abiertas durante su mandato (2019-2022).
La más contundente y última indagación apunta a su papel como posible incitador de los asaltos y el vandalismo perpetrado contra las sedes de los tres poderes en Brasilia, el 8 de enero, por parte de adeptos radicales que pedían intervención militar y rechazaban la tercera asunción al poder del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
También en el abanico de pesquisas, el exparacaidista enfrenta una imputación por obstruir cuatro veces la labor de la policía, con la finalidad de proteger a allegados salpicados por corrupción, así como por propagar desinformación sobre las urnas electrónicas.
De igual manera, otras dos averiguaciones están relacionadas por filtrar un sondeo policial sobre un ataque cibernético a la Justicia electoral y engañosas afirmaciones acerca de la pandemia de Covid-19, al asociar la vacuna contra el patógeno con el peligro de contraer VIH.
Se suma a lo anterior que el excapitán del Ejército realizó actos de campaña y vulgarizó transmisiones en vivo en edificios públicos para pedir votos.
Por si fuera poco, el expresidente, que si tiene quien le acuse, dio recientemente testimonio a la Policía Federal sobre tres conjuntos de prendas de lujo regalados por el Gobierno de Arabia Saudita, los cuales debió entregar al Estado y no incorporarlos a su patrimonio personal.
La fuerza del orden percibe «pruebas concretas» de que Bolsonaro actuó siempre con intentos de recuperar los onerosísimos adornos y el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Flavio Dino, prometió que la pesquisa está cerca del final.
En mayo, el exmandatario negó además su intervención en la posible adulteración de certificados de vacunación contra la Covid-19 antes de viajar a Estados Unidos.
Durante una operación vinculada con la presunta falsificación, el exgobernante fue uno de los objetivos de la llamada Operación Venire y su casa fue revisada en Brasilia, donde los agentes también recogieron su teléfono móvil.
Para analistas, bien se cumple en Bolsonaro aquel proverbio de que «la justicia, aunque anda cojeando, rara vez deja de alcanzar al criminal en su carrera».
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